La Junta pide amparo al Constitucional por las ‘vacaciones fiscales’ vascas
Plantea que se practiquen las pruebas que se ordenaron realizar hace cuatro años.
El consejero de la Presidencia durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León acordó ayer interponer ocho recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional ya que considera que se ha vulnerado su derecho de defensa en las últimas sentencias sobre el Impuesto de Sociedades del País Vasco, conocido como las ‘vacaciones fiscales’ vascas.
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, apuntó que estos recursos son «el último paso» que le queda por dar al Ejecutivo autonómico para defender a las empresas de la Comunidad, ya que creen el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) no ha respetado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, que reconocía el derecho de la Junta a presentar alegaciones en esta cuestión y no le ha dejado hacerlo.
Asimismo, insistió en que, si las diputaciones forales vascas vuelven a aplicar tipos fiscales reducidos a las compañías que operan en las tres provincias vascas el Gobierno regional «lo volvería a recurrir», porque esas medidas impiden que se compita en situación de igualdad.
Ventajas tributarias
El Gobierno regional asegura que desde 1996 las diputaciones vascas favorecen a las empresas asentadas en su territorio con un Impuesto de Sociedades inferior al vigente en las demás autonomías, así como con ventajas tributarias que no existen en el resto de España y que les permiten pagar menos. En opinión de la Junta, se trata de un claro ejercicio de «competencia fiscal desleal» que perjudica a las comunidades limítrofes, entre las que se encuentra Castilla y León.
Por eso, el Ejecutivo regional ha intentado impedir la aplicación de este tipo de normas forales. Así, las ‘vacaciones fiscales’ vascas han sido recurridas sistemáticamente tanto por la Junta como por el Gobierno de La Rioja ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el conflicto ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha intervenido tanto a raíz de procedimientos iniciados por la Comisión Europea como a petición de tribunales españoles.
Largo proceso
Las sentencias que ha dictado hasta ahora afectan a ayudas selectivas a empresas, que considera incompatibles con el mercado común. El 11 de septiembre de 2008, el TJUE dictaminó que el TSJPV debía comprobar si las diputaciones forales contaban con la autonomía institucional, de procedimiento y económica necesarias para dictar normas fiscales ajustadas a la legalidad europea. La tesis de Castilla y León es que carecen de esta última.