El PSOE pide a la Junta que corrija la orden que fija los precios de las VPO

El PSOE pide a la Junta de Castilla y León que modifique la orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que fija los precios máximos de venta de las viviendas protegidas y de referencia para el alquiler, ya que aplica unos coeficientes al módulo fijado por el Gobierno de España. El Grupo Socialista ha presentado una proposición no de ley que exige al Ejecutivo autonómico que corrija el «desfase» con el mercado libre, tras el estallido de la ‘burbuja inmobiliaria’.

En ese sentido, el procurador Jorge Félix Alonso insistió en que la Junta debe reformar la orden sobre el precio de las VPO para que garanticen el acceso a la primera vivienda a las personas con más dificultades. Aseguró que la Junta de Castilla y León aumenta el precio máximo de venta y la referencia para alquiler, fijado en el ámbito nacional, en los municipios de Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid (grupo B), con incrementos de hasta un 30 por ciento, así como en Ávila, León, Miranda de Ebro, Palencia y San Andrés del Rabanedo (grupo C), con un «recargo» del 15 por ciento.

Precios máximos

Asimismo, el parlamentario socialista denunció que en algunos casos el precio máximo de venta y de referencia para el alquiler está por encima de los del mercado. Por ello, como ejemplo señaló que una vivienda protegida en Valladolid de 90 metros cuadrados, con garaje y trastero (30 metros cuadrados), tendría un precio máximo de 173.000 euros. Al eliminarse el complemento que se aplica en la Comunidad esta cantidad se rebajaría en 40.000 euros.

Cantidad excesiva

Igualmente, el procurador socialista sostuvo en sus declaraciones que el alquiler de referencia de las VPO alcanza en Castilla y León, si IVA, los 721,31 euros. Jorge Félix Alonso explicó que el nuevo programa de fomento del alquiler, que la Junta pondrá en marcha a finales de año, establece que el precio máximo será el 80 por ciento del fijado para una VPO a diez años, por tanto, 577 euros, según Jorge Félix Alonso. A su juicio, esta cantidad es excesiva ya que supera el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que se sitúa en los 532 euros, y casi iguala el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Por ello, el Grupo Socialista pedirá el apoyo de la cámara para instar a la Junta de Castilla y León a modificar esta orden, aprobada en el año 2010, para que se eliminen los incrementos del 30 y el 15 por ciento, según el municipio, de los precios máximos de venta y de referencia del alquiler. También, defenderán los socialistas que nadie pague por el alquiler de una VPO más del 30 por ciento de la renta disponible de la unidad familiar. También, el procurador Jorge Félix Alonso demandó a la Junta que busque fórmulas para «paliar» la situación que han generado los «múltiples desahucios».