Cierre de Garoña, ¿punto y aparte?

La central de Santa María de Garoña centra estos días las miradas de quienes apuestan por su mantenimiento y quienes llevan años reclamando su cierre. Un debate que podría desaparecer mañana día 6 de noviembre, fecha en la que se agota el plazo para que Nuclenor, la empresa propietaria de la planta atómica, presente la documentación requerida por el Consejo de Seguridad Nuclear; un paquete de documentos entre los que ya se contempla el plan de desmantelamiento y las medidas previstas para garantizar la seguridad en el entorno hasta el cierre definitivo, según informó ayer Ical.

Aún son muchos los que todavía se aferran a la esperanza de que Nuclenor reconsidere su postura y mantenga la central que abastece a toda la comarca y da trabajo a vecinos del entorno. Una de las personas más preocupadas por lo que pueda suceder en los próximos días es el alcalde del Valle de Tobalina, Rafael González Mediavilla, quien teme que «si se cierra Garoña se acabe con la vida de toda la comarca».

A la espera de conocer cuál será el futuro de la central, el regidor explicó en declaraciones a Ical que la preocupación «es máxima», puesto que desconocen «si se va a cerrar o no», al afirmar que nadie les ha comunicado nada en claro. «Si la cierran será un mazazo para toda la comarca porque vivimos de Garoña», indicó el alcalde, consciente de la preocupación que existe entre los vecinos de localidades como Quintana Martín Galíndez, cercana a la propia central y otras como Trespaderne, Frías y Miranda de Ebro, donde viven muchas familias «que dejarán de comer» si cierra la polémica central nuclear.

Un pulso eléctrico

Desde que Nuclenor hiciese pública, el pasado mes de septiembre, su decisión de no solicitar la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear han sido muchas las declaraciones que se han cruzado entre las partes implicadas en lo que desde algunos sectores se entendió como un pulso entre las eléctricas (Iberdrola y Endesa) y el Gobierno que preside Mariano Rajoy.

Todo comenzó cuando Nuclenor echó cuentas y vio que para mantener la planta seis años más era necesaria una inversión de alrededor de 140 millones de euros, hecho que para la empresa propietaria generaba «una situación de incertidumbre que ponía en duda la viabilidad económica de la planta», fruto del dictamen del CSN y de los planes de modernización permanente de la planta. El rechazo de Nuclenor fue recibido como un jarro de agua fría en el seno del Gobierno central, después de que en su programa electoral apostase por mantener la central más allá de 2013 y aprobase una orden para prorrogar su vida útil hasta el año 2019.

La otra cara de la situación es la del Valle de Tobalina. Esta localidad vive por y para Garoña. Desde hace décadas ha visto como decenas de familias han fijado su residencia en alguna de las localidades de la zona y se han ido creando comercios y servicios que sobreviven gracias a la central. Geográficamente complicado y alejado de la capital burgalesa la comarca de Las Merindades, en la que se ubica la planta atómica, ha sobrevivido a la despoblación gracias a la instalación de una central que ha dado trabajo a cientos de vecinos. Alrededor de mil familias dependen directa o indirectamente de la central nuclear burgalesa. Una cifra que preocupa a la Diputación de Burgos y a su presidente, César Rico, que ha mantenido encuentros en las última semanas con el Comité de Empresa para escuchar las peticiones de quienes podrían quedarse sin empleo.