Las Cortes ratifican el decreto sanitario con la crítica de la oposición
Las Cortes ratificaron ayer, con el voto a favor del PP y en contra de toda la oposición, el decreto ley de la Junta que adopta medidas urgentes en materia sanitaria, normativa que según explicó en el plenario el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, permite cumplir con el déficit sin que se resienta la calidad del núcleo central de la asistencia sanitaria de Castilla y León. La mayoría popular vetó que el decreto se tramite como proyecto de ley, como solicitaron PSOE y Mixto, informó la agencia Ical.
Sáez detalló ante sus señorías las medidas, dirigidas a la política de personal, funciones en las zonas básicas de salud, ordenación del sistema, aplicación del complemento económico de la prestación por incapacidad temporal y complemento de productividad fija, que sólo recibió el respaldó del Grupo Popular, a través del procurador Jesús Aguilar. La aplicación de estas medidas supondrá una sanidad más eficiente y sostenible, afirmó Aguilar, quien felicitó a la Consejería de Sanidad, después de una exposición en la que ofreció datos de inversiones y centros construidos desde que la Junta gestiona la asistencia sanitaria. «El decreto es valiente y responsable», definió.
En nombre del Grupo Socialista, Mercedes Martín rechazó de plano los argumentos tanto del consejero como del portavoz popular de Sanidad, y consideró que se camina hacia una «deriva privatizadora en la que se quitan derechos a los ciudadanos». Martín afirmó que lo prioritario son las listas de espera, el copago farmacéutico o el cierre de urgencias médicas en el mundo rural. Aguilar sostuvo que todas las comunidades están tomando medidas «incluso más severas» en el ámbito de la productividad de los profesionales, del salario de los sanitarios o con el cierre de instalaciones.
La Consejería de Sanidad estima un ahorro entorno a 50 millones de euros en el 2013 con estas medidas, cuantía de la que dudó la socialista, quien arremetió contra todas las iniciativas destinadas «a recortar». «Este decreto olvida que nuestra salud es nuestro derecho», afirmó José María González (IU), que también votó en contra.