Medio centenar de afectados por las preferentes se manifiesta en Valladolid
Más de medio centenar de afectados por la adquisición de participaciones preferentes recorrieron durante el día de ayer varios bancos y cajas de ahorros en la localidad de Valladolid para demandar a los directores de las oficinas soluciones al «fraude», según informó la Agencia Efe.
Así denominó en declaraciones a los medios de comunicación a la venta de dichos productos financieros el técnico de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae) en Castilla y León, Gonzalo Badás.
Los afectados se concentraron cerca de las once de la mañana en una de las oficinas de una entidad financiera de la capital vallisoletana, a la que entraron para pedir una solución para una de las personas que adquirió participaciones preferentes en esa sucursal.
«El director comercial de la oficina ha recibido al afectado, aunque no le ha dado una solución para que pueda recuperar su dinero», detalló en sus declaraciones Badás.
Tras la primera oficina, la protesta recorrió varias oficinas de otras entidades financieras y durante la tarde la acción se centró en las cajas de ahorros, según informó el técnico responsable de Adicae.
Badás expresó que los afectados realizarán el mismo recorrido todos los jueves a las once de la mañana en busca de una «solución y una explicación».
La misma acción de protesta activa ciudadana se lleva a cabo en otras ciudades españolas y de la Comunidad, como Ávila, donde perjudicados por la adquisición de participaciones preferentes y sus familiares salen a las calles en busca de una solución.
Además, Adicae está intentando impulsar medidas judiciales para que las personas que adquirieron esos productos financieros puedan «recuperar todo su dinero», ha apuntado.
En Valladolid, la asociación cuenta con un listado de 200 personas afectadas, aunque Badás aseguró que hay muchos ciudadanos que ni siquiera saben que han sido «engañados».
El técnico responsable delñ colectivo Adicae reseñó que las entidades financieras que utilizaron estos productos se centraron en ofertárselos a las personas mayores para llevar a cabo lo que consideró como un «fraude al ahorro», de forma que en la capital vallisoletana los afectados tienen entre 64 y 102 años.