El PP veta un impuesto bancario porque sería recurrido por el Gobierno

El Grupo Popular vetó ayer en el pleno de las Cortes la tramitación de una ley para la creación de un impuesto sobre los depósitos de clientes de las entidades de crédito en Castilla y León con los argumentos de que es «ineficaz», sería recurrido por el Gobierno central y el modelo fiscal de la Comunidad permite mantener la calidad de los servicios públicos sin aumentar el déficit.

Con estos argumentos el portavoz de Hacienda del PP, Salvador Cruz, desestimó la toma en consideración de la proposición de ley para crear un nuevo impuesto en la Comunidad, presentada por el socialista José Francisco, quien defendió esa figura tributaria para que algunos bancos paguen por las cantidades que captan en Castilla y León e invierten en otros sitios.

«El fondo es poner el dinero de los depósitos en inversiones de Castilla y León», precisó Martín, argumento al que se sumó después el portavoz del Grupo Mixto, José María González, para quien la creación de ese impuesto incidiría en una mayor financiación para proyectos de la Comunidad y supondría el desarrollo de competencias estatutarias.

El debate de toma en consideración de la iniciativa socialista estuvo marcada por un cruce de reproches entre Salvador Cruz y José Francisco Martín, primero en el plano formal sobre si era precedente o no la tramitación ante el informe de la Junta y el encargado a los letrados de la Cámara, que, según el socialista, daba la razón a su grupo, no compartido por el popular, quien subrayó que los técnicos no entran en el fondo.

Después el intercambio de reproches entró en el fondo de la propuesta. Cruz la calificó de «oportunista» y preguntó por qué el PSOE no pidió ese impuesto en 2001 cuando se aprobó en Extremadura o hace tres años, momento en que se aprobó para Canarias y Andalucía. «No tiene eficacia, la recaudación es cero porque sería recurrido al día siguiente por el Gobierno por ser inconstitucional y sólo busca la confrontación», rebatió el popular.

Junto a ello, defendió el modelo fiscal de la Junta, donde figura el céntimo sanitario, por entender que mantiene la calidad de los servicios públicos, no aumenta el déficit y se financia en los mercados ordinarios sin tener que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica. A esta aseveración se acogió después Martín para preguntar por qué si ese sistema es eficaz se recortan los servicios públicos.

En medio de los argumentos de uno y otro lado quedó la critica popular a los socialistas por dejar un «país casi en la bancarrota»