Herrera avisa de que no permanecerá «silente» ante el cierre de Garoña
La Junta quiere que se retomen las negociaciones ante una decisión «caprichosa».
El presidente del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, destacó ayer la importancia de que se retomen las negociaciones entre el Gobierno y las empresas propietarias de la central nuclear de Santa María de Garoña, y advirtió de que la Junta «no mantendrá una postura silente» y otorgará su «beneplácito» a una decisión «caprichosa» de cierre de esta infraestructura, cuando un dictámen del Consejo de Seguridad Nuclear garantiza la prórroga de su vida útil; y supondría una gran pérdida de riqueza para la zona y la destrucción de 1.000 empleos.
Herrera, que hizo estas declaraciones tras la firma de un acuerdo con el Consejo Regional de Cámaras para la prestación de servicios al mundo empresarial, resaltó que le consta que en la voluntad del Gobierno que preside mariano Rajoy, «ha estado disponer de una solución razonable y racional» en esta materia, pero siempre «sin premisas, ni chantajes» por parte de las eléctricas, que «en ocasiones ejercen con presiones la defensa de sus intereses».
El jefe del Ejecutivo autonómico repitió que en este asunto «debe preponderar el interés general» y «la lógica», y contrapuso las aspiraciones empresariales a las sociales o las económicas sobre el precio de la energía, que tanto influye en el desarrollo del tejido productivo y el «daño irreparable» a la zona.
Así, incidió en este punto «más allá de decisiones caprichosas» de unas empresas con las que la Junta mantiene una buena relación, «como es su obligación», que se han visto influidas por otras «decisiones caprichosas» del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que en un contexto favorable para salir de una «situación pacífica» tras el informe de viabilidad del CSN, adoptó finalmente una decisión «política» de cierre.
Juan Vicente Herrera también quiso dejar claro que «si hubiera cualquier reserva» sobre la seguridad de la planta burgalesa, el Gobierno de Castilla y León sería el primero en pedir el cierre «pero con esa garantía» del CSN «entendemos que es un capricho que ni España, ni Castilla y León se pueden permitir ante el daño que provocaría en la zona».
En este sentido, el presidente del Consejo Regional de Cámaras y de la institución cameral de Miranda de Ebro (Burgos), Fenando Escobillas, recalcó que es importante evitar el cierre de la central, porque su clausura supondría perder entre 40 y 45 millones de euros en contrataciones, y un millar de empleos. Expuso que «no hay alternativa de colocación para esa gente» y se acabaría con un tejido empresarial auxiliar que ha hecho «grandes esfuerzos» de especialización. «Cerrar garoña sería un verdadero error para España y Castilla y León».