Los servicios de los municipios le van a costar a la Junta casi 1.000 millones

La Junta de Castilla y León estima un coste efectivo de entre 700 y 1.000 millones de euros al año por asumir servicios de sanidad, educación y sociales que ahora se atienden por parte de los municipios y que podrían pasar a la Comunidad Autónoma con la aprobación de la reforma local que ha presentado el Gobierno central.

El Ejecutivo de Juan Vicente Herrera, como ya anunció el martes, ha remitido un conjunto de alegaciones sobre el anteproyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del Gobierno, en el que ha observado que «no es bueno» y «falta sensibilidad» con las peculiaridades del complejo mundo local de Castilla y León.

Las alegaciones, detalladas por el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se centran en la defensa de los municipios, la clarificación de competencias, el criterio de coste efectivo sobre coste estándar para negociar los traspasos, el reconocimiento del trabajo altruista de alcaldes y concejales, la ampliación de plazos, entre ellos los previstos para rendir las cuentas, y acompasar esta reforma con la financiación local pendiente.

En la primera aproximación que hace la Junta del coste efectivo por asumir los servicios municipales en sanidad, educación y servicios sociales, no se incluyen ni las residencias de la tercera edad ni los centros de día. El informe presentado al Gobierno señala que en la Comunidad existen 889 escuelas de primaria, con 1.200 edificios o instalaciones municipales en localidades de menos de 20.000 habitantes, así como numerosas guarderías impulsadas y gestionadas por las entidades locales. «Estos centros supondrían un claro sobrecoste para las administraciones autonómicas», refleja el Ejecutivo, que calcula en 70 millones su asunción más otros 32,5 de las guarderías.

Sin centro de salud

También indica que hay 3.660 consultorios locales en municipios de más de 50 habitantes en los que no hay centro de salud, de los que 192 están en núcleos de población inferior a diez tarjetas sanitarias, que también supone, a juicio de la Junta, un sobrecoste. La asunción de servicios de dependencia y ayudas a domicilio cofinanciadas ahora con los municipios supone 168 millones, de los que la Junta aporta 100 millones.

Igualmente, desestima que se fije un año para asumir las competencias en servicios sociales por la Comunidad cuando es de cinco en los casos de educación y sanidad, por lo que plantea que se unifique para todos ellos. También, como mínimo un año propone para el caso de municipios que no superen la evaluación en un plazo de tres meses, lo que supone dejar de prestar esa competencia.

La Junta presenta como nueva disposición adicional al texto del Gobierno que las comunidades que presenten unas características peculiares territorialmente y sociodemográficas con un gran número de entidades locales, de las que el 90 por ciento tenga menos de 5.000 habitantes, tendrán un plazo tanto ellas como la Comunidad de un año más de los que establece la ley. El Ejecutivo entiende que en ese periodo los municipios podrán promover asociaciones voluntarias en mancomunidades y la Comunidad reestructurar sus servicios.

En el anteproyecto se establece un plazo de tres meses para que mancomunidades y entidades locales menores presenten sus cuentas.