La Junta emite 251 informes por irregularidades en productos alimenticios, seis de ellos en León

Los inspectores del sistema de control de la calidad comercial alimentaria de la Consejería de Agricultura y Ganadería emitieron 251 informes positivos el año pasado por irregularidades en productos de alimentación comercializados en Castilla y León, la mayor parte por anomalías detectadas en el etiquetado.

Durante el conjunto de las compañas de control desarrolladas durante el año pasado en todo el territorio de Castilla y León, se desarrollaron inspecciones en 890 establecimientos, que dieron lugar al levantamiento de 1.023 actas de inspección y se tomaron 545 muestras para su posterior análisis o como prueba documental, de las que se derivaron esos 251 informes positivos por irregularidades, según los datos facilitados a Ical, por la Consejería de Agricultura de la Junta.

Por provincias, el mayor número de informes positivos se registró en Salamanca, con 80, seguida ésta por Valladolid, con 60; y Burgos, con 46. Asimismo, los inspectores emitieron 27 informes positivos en Ávila; 16 en Zamora, ocho en Soria; seis en León y Segovia, en ambos casos; y dos en Palencia.

Fuentes de la Consejería quisieron dejar claro, no obstante, que las actas de inspección y los correspondientes informes positivos, son analizados con posterioridad por los servicios jurídicos, que son los que determinan finalmente, de acuerdo con la normativa aplicable, “si se ha cometido o no una infracción”.

Compañas de control

La Consejería de Agricultura y Ganadería llevó a cabo el año pasado inspecciones en 890 puntos (fabricantes, elaboradores, almacenistas o envasadores). Cada visita que se realiza a un punto de control (establecimiento) conlleva el levantamiento de un acta. En ocasiones es necesario llevar a cabo más de una visita, para comprobar documentación que el operador no tenía en un primer momento, o para realizar una toma de muestra posterior de un producto específico, por lo que el número de actas levantadas no coincide con el número de inspecciones.

En concreto, dentro de la campaña del Plan Nacional de Control de la cadena Alimentaria, la Junta realizó inspecciones en 586 puntos, la mayor parte sobre derivados cárnicos, 179, seguidos por las bebidas alcohólicas, 126; derivados de frutas, 72; leches y derivados, 58; harinas y derivados;conservantes animales y vegetales, platos preparados, 33; edulcorantes naturales y derivados, 32, y leguminosas, 14. Asimismo, se inspeccionaron seis puntos de distribución de productos de pesca; cuatro de bebidas no alcohólicas, otros tantos de aceites vegetales comestibles,; tres de alimentos estimulantes u derivados, y uno de aguas de bebida envasadas.

Otras campañas programadas supusieron inspecciones en otros 194 puntos; 104 de distribución de abonos; 54 de frutas y hortalizas frescas, y 36 de carnes. Por último, fuera de la programación se realizaron también inspecciones por campañas especiales (de leche, de huevo, y ante el riesgo de daños por heladas en frutas y hortalizas) en otros 110 puntos.

Por provincias, se llevaron a cabo inspecciones en 111 puntos en Burgos; 109 en Segovia; 108 en Salamanca y Valladolid, en ambos casos; 101 en León; 90 en Zamora; 89 en Palencia; 88 en Ávila; y y 86 en Zamora.

Los responsables de la Consejería de Agricultura expusieron que cada inspección incluye uno o varios controles. Éstos pueden ser documentales, dirigidos a ver, por ejemplo, inscripciones en Registro General Sanitario de Alimentos (RGSA), Registro de Industrias Agrarias (RIA) o Registro de Embotelladores (RE). Asimismo, se examina la trazabilidad, facturas o albaranes y se examina el etiquetado según la normativa general, específica del producto y nutricional. Además, se verifica la calidad de los productos mediante la toma de muestras para el análisis de su composición; y se controla el contenido efectivo, en su caso.

Ámbito, criterio y normativa

La aplicación de estos controles oficiales de la calidad comercial de los alimentos se realiza en los operadores alimentarios en origen, es decir, en fabricantes/elaboradores, envasadores, almacenes y distribuidores mayoristas, ubicados dentro de la Comunidad autónoma.

La programación de los establecimientos a inspeccionar en Castilla y León se basa en los resultados de las inspecciones del año anterior; y los recursos disponibles: humanos, técnicos y materiales. Asimismo, desde la Consejería de Agricultura expusieron que también se definen las actuaciones conforme a los operadores que tuvieron el año anterior apercibimiento o informe positivo que no se hubiera resuelto o cerrado en inspecciones anteriores. Asimismo, también se impulsan inspecciones sobre operadores que no hayan sido inspeccionadas en los últimos años; y conforme a la importancia y significación económica del sector en la comunidad Autónoma. Industria artesana y frutos secos (piñas y piñones). Además, se pueden programar controles dirigios a operadores cuando se tenga la sospecha de que pudiera haber irregularidades, infracciones o incumplimientos de la normativa y denuncias.

Estas actuaciones emanan del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril, que prevé, entre otros, el establecimiento de normas generales para la realización de controles oficiales a fin de comprobar el cumplimiento de las normas orientadas a garantizar prácticas equitativas en el comercio de alimentos, incluido el etiquetado y proteger los intereses de los consumidores.

En concreto, el artículo 41 establece la obligación de preparar un único plan nacional de control integrado. En España se elabora el Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria (PNCCA). En él se incluye el Sistema de Control de la Calidad Comercial Alimentaria, que en el punto once contempla la programación de los controles anuales por parte de las autoridades competentes de las comunidades autónomas.