La utilización de los puntos de encuentro crece un 15% desde el 2009

Los puntos de encuentro familiar de Castilla y León atendieron el año pasado a 1.821 familias y a 2.571 menores, una cifra que no ha parado de crecer en los últimos años, con un incremento de las familias que utilizaron este servicio del 15,33 por ciento desde 2009 y del 17,18 por ciento de los niños y adolescentes, según informaron fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Además, en 2012 este servicio realizó 112.240 intervenciones, un 15,87 por ciento más que cuatro años antes.

Marisa Sacristán, la presidenta de Aprome, la entidad sin ánimo de lucro que gestiona este programa desde 1994 con el apoyo económico de Familia (1,1 millones este año) y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, explicó que esa continua subida de la demanda obedece por una parte a que la red de centros se ha ido ampliando para poder atender a todas las familias que lo necesitan (actualmente hay 16 en toda la Comunidad) y, por otra, al aumento en los últimos años de las separaciones matrimoniales.

Porcentajes

Al respecto, comentó que aproximadamente la mitad de los casos que llegan a los puntos de encuentro son derivados por los juzgados de Familia o de Primera Instancia (rupturas conflictivas de matrimonios), otro 30 por ciento son decididos por los juzgados de Violencia contra la Mujer (denuncias de malos tratos) y un 20 por ciento por los de protección de la infancia. Además, señaló que hay un pequeño porcentaje, «escasamente un uno por ciento», en el que se inicia este proceso de mutuo acuerdo entre los dos progenitores.

En concreto, según los datos recabados por Familia, el 32,62 por ciento de las familias atendidas el año pasado, 594, fueron por casos de violencia de género, de las que 187 entraron en 2012 en este programa, mientras que el 23 por ciento, 418, se debió a medidas de protección a la infancia, con 199 nuevas el pasado ejercicio.

Sacristán explicó que la problemática a la que se enfrentan es muy diferente y que, tras estudiar cada caso, los profesionales diseñan un plan de actuación individualizado con el objetivo de facilitar el encuentro de los menores con sus progenitores, aunque en ocasiones también se hace con otros familiares como abuelos o hermanos, garantizando su seguridad y siguiendo lo establecido por el juez.

Evitar conflictos

«La idea es evitar el conflicto con una intervención profesional temporal y que en dos años, que es lo que establece la ley como máximo, no necesiten esa ayuda», señaló, indicando que el foco se pone en el menor con «todas las dificultades que eso tiene porque muchas veces no es fácil discernir qué es lo realmente le interesa a corto, a medio y a largo plazo. «Siempre hay que garantizar que la relación con sus progenitores tenga un futuro, cuando el niño sea un adulto decidirá por sí mismo el tipo de relación que quiere tener, pero para eso necesita mantenerla», remarcó.

La presidenta de Aprome detalló que las actuaciones en los puntos de encuentro son de diverso tipo. Hay visitas dentro de los centros de un máximo de dos horas.