La crisis motiva la salida de extranjeros irregulares y aumenta ligeramente los que tienen permiso de residencia

 La crisis motivó la salida masiva de extranjeros irregulares durante 2012 y provocó un ligero aumento de los que tienen permiso de residencia, principalmente por motivos laborales. Aunque parecía un secreto a voces, si se cruzan los datos del Padrón y de la Secretaría de Estado de Inmigración del Ministerio de Empleo queda claro que más de 10.000 inmigrantes extracomunitarios, los que se encuentran dentro del régimen general, abandonaron la Comunidad el pasado año obligados por la crisis, que ha reducido las opciones de encontrar o mantener un puesto de trabajo, y por el decreto del Gobierno, aprobado en abril del año pasado, para cobrar a los foránes por la atención sanitaria, cuya gratuidad era uno de los pocos motivos que sujetaba a este colectivo de fuera de la UE a inscribirse en el Padrón, según explicaron a Ical fuentes ministeriales.

De este modo, la salida de extranjeros de Castilla y León se produce entre aquellos que no estaban regulados, ya que los que tienen permiso de residencia, el que expide el Ministerio de Empleo, continúan en aumento a pesar de la crisis, aunque a un ritmo lento, concretamente del 0,12 por ciento, que se traduce en 228 personas más, hasta alcanzar el año pasado 192.012 inmigrantes con certificado de registro, de los que casi 30.000 se encuentran sin empadronar. En todo caso, los extranjeros con permiso, que deben renovarlo de forma anual aunque cuenten con contrato indefinido en su empresa, tienen acceso a los mismos servicios que un ciudadano con nacionalidad española, aunque si perdieran su empleo contarían con un plazo de tiempo para abandonar el país. Lo mismo ocurre con aquellos que proceden de algún país de la Unión Europea o de la AELC (Asociación Europea de Libre Cambio), formada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que disponen de libre movimiento.

Crecen los permisos

De los 192.012 extranjeros con permiso de residencia por motivos laborales, 117.180, seis de cada diez, corresponden al régimen comunitario, es decir, los de países de la Unión Europea y de la AELC, así como a sus familiares y los de españoles que sean nacionales de terceros países. La crisis ha motivado una reducción del 0,29 por ciento de este colectivo (-340), que salieron de Castilla y León seguramente ante la pérdida de un empleo.

Esta pérdida se compensó, de forma relativa, con los 568 nuevos inscri

tos en el régimen general, que se aplica a los nacionales de terceros países, una cifra que supuso un 0,76 por ciento más, hasta alcanzar los 74.832 personas. De éstos, más del 70 por ciento se encuentran con la autorización en vigor de residencia de larga duración, y una décima parte, 8.214, por reagrupación familiar, es decir, que siguieron el camino hacia la región detrás de otros compatriotas con parentesco. Casi todos ellos proceden de Sudamérica.

Por provincias, el número total de inmigrantes regulares, según la estadística de la Secretaria de Estado, descendió en el último año en Ávila, Burgos y Segovia, donde lo hizo un 1,42, 1,93 y 1,27 por ciento, respectivamente, hasta los 15.920, 37.590 y 25.810. En Valladolid, aumentaron un 1,09 por ciento, con 37.115 extranjeros. Entre esta provincia y Burgos dan cabida a cuatro de cada diez inmigrantes en la Comunidad.

Igualmente, entre las que registraron incrementos de población inmigrante destacaron los casos de Salamanca, con un 2,53 por ciento más (19.308 personas) y Soria, con un 2,02 por ciento de subida (10.544).

En Zamora, la cifra de regulares creció un 1,53 por ciento en Zamora, hasta los 11.397 extranjeros; en León, un 0,8 por ciento, hasta 25.882; y en Palencia, un 0,76 por ciento, con 8.446, que es la provincia que cuenta con un menor número del colectivo.

La mitad, rumanos, búlgaros y marroquíes

La mitad de los extranjeros con permiso que residen en Castilla y León tienen nacionalidad rumana, búlgara y marroquí. Sólo los dos países europeos suponen el 37 por ciento del total, con 39.550 ciudadanos de la primera de las repúblicas del Este y 24.599 de la segunda, si bien en ambos casos descendió su población en la región por motivos económicos, un 2,5 y un 3,4 por ciento en el último año, respectivamente.

En estos momentos, estos trabajadores tienen a su favor que el Gobierno español no puede exigir permiso a los que ya están en España con empleo, trabajen por cuenta propia o figuren como demandantes de trabajo, ni tampoco a sus familiares. Y sólo podrá aplicarse a quienes quieran venir a partir de ahora.

Por miedo a la llegada masiva de mano de obra barata con la entrada de ambos países en la UE en el año 2007, los estados miembros aplazaron a 2014 el derecho de los ciudadanos de estos dos países a moverse y trabajar libremente, si bien España renunció en 2009 a esta moratoria para facilitar su llegada.

En el caso del país norteafricano, la colonia en Castilla y León es mayor que hace un 6,8 por ciento mayor que hace un año, hasta 24.599 personas, precisamente por la mano de obra barata, que les ha facilitado encontrar o mantener un puesto de trabajo. Sólo un país europeo, Portugal, ha estabilizado el número de permisos laborales en la Comunidad, en torno a 16.800. En términos generales se incrementó la presencia regularizada de ciudadanos de países sudamericanos como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, así como la República Dominicana. En total, el aumento que suponen los procedentes de estos estados se calcula en 8.214 extranjeros, todos del régimen general -una décima parte-, que contaban con el permiso de autorización en regla en 2012 gracias a razones de reagrupación familiar. Permisos concedidos a extranjeros

Por último, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de autorizaciones de trabajo concedidas a extranjeros, es decir, los contratos ya suscritos antes de llegar a España, cayó en 2012 hasta las 5.754 en Castilla y León, algo más de la mitad que el año anterior, cuando se contabilizaron 10.395, los mismo niveles que en 2003.

La repercusión de la crisis en este apartado se dejó notar mucho más en el último lustro. Así, desde 2007 se redujeron los contratos un 79,6 por ciento (28.290 en aquel año), que había representado uno de los picos de la década y había supuesto tres veces más que en 2003.

Por provincias, una cuarta parte de este tipo de autorizaciones en 2012 se otorgaron en Segovia, con 1.512; seguida de Valladolid, con 913; Burgos, con 810 contratos; Salamanca, con 688; y León, con 633. Mientras, Ávila, con 278 permisos, Soria, con 265, y Palencia, con 228, fueron las que menos contratos expidieron a inmigrantes como condición para su llegada a España.