La Junta no retrasará la ordenación territorial por la reforma del Gobierno
De Santiago-Juárez defiende la propuesta de la creación de las mancomunidades.
Un momento de la comparecencia de De Santiago-Juárez tras el Consejo de Gobierno.
El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, garantizó ayer que el proyecto de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, que se encuentra en tramitación en las Cortes, «no se va a retrasar» por la reforma local que está a punto de aprobar el Gobierno central. De Santiago-Juárez sostuvo que no ha visto en ningún Estatuto de Autonomía ni en la propia Constitución que entre las funciones de las diputaciones esté la de vaciar de competencias a los pequeños municipios, informó Ical.
De Santiago-Juárez aclaró, tras el Consejo de Gobierno, algunos aspectos después de que la Junta haya mostrado sus diferencias con el nuevo anteproyecto del Gobierno. «Se están mezclando cosas. El anteproyecto del Gobierno y el proyecto de la Junta, ¿son compatibles? Sí. ¿Están en sintonía? No», resumió.
El consejero explicó que la compatibilidad está en que las Cortes pueden aprobar el proyecto de ley y poner en marcha la herramienta que recoge, que son las mancomunidades de interés general, porque esa figura se mantiene en el texto del Gobierno, aunque no estén en sintonía, si bien añadió que los dos buscan lo mismo.
En tal sentido, indicó que Gobierno y Junta tienen entre sus objetivos prestar los servicios de una manera más eficiente, mejorar su calidad y que haya estabilidad presupuestaria en el ámbito local, pero recordó que para conseguir esas metas el Ejecutivo de Castilla y León ofrece las mancomunidades de interés general y el central no propone ese camino, sino que quien no es eficiente pierde las competencias, que pasan a las diputaciones.
«Ser compatibles no quiere decir que estén en sintonía, espero haberlo aclarado», recalcó el consejero portavoz, quien insistió en que los fines de ambos ejecutivos son los mismos pero la Junta apuesta por la asociación voluntaria de municipios en Mancomunidades de Interés General (MIG).
De Santiago-Juárez apuntó después a los distintos estatutos de autonomía e incluso a la Constitución para señalar que entre las funciones de las diputaciones no está «vaciar de competencias a los pequeños municipios porque son ineficientes».