EL ESTADO DE LA COMUNIDAD. SERVICIOS SOCIALES
El drama de la pobreza obliga a actuar
Las víctimas de la crisis y el paro obligan a activar nuevos servicios sociales, como la . coordinación del reparto de comida de los bancos de alimentos y el plan antidesahucios.
Reparto de alimentos de Cruz Roja, en imagen de archivo.
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, hizo un llamamiento público durante el último Día de la Comunidad por buscar acuerdos para evitar la aparición y el crecimiento de una nueva pobreza que deja en riesgo de exclusión a las capas medias de la sociedad. Estos esfuerzos han centrado gran parte del trabajo desarrollado a lo largo del último año por la Consejería de Familia.
Sin embargo, el ecuador del mandato ha coincidido con la pérdida del primer puesto en el escalafón como la comunidad que más desarrolla estas políticas, según la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales, que dieron mejor nota al País Vasco, La Rioja y Navarra, aunque Castilla y León continúa muy por encima de la media nacional, si bien pone en duda ese propósito de que se puede hacer más con menos y alertan de que si continúan los recortes el impacto podría ser más fuerte.
A pesar de las dificultades, Castilla y León ha sido pionera este año en el desarrollo de varias políticas como la puesta en marcha de una Red de Protección a las Familias en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis que pretende coordinar todos los programas sociales para intentar que «ninguna familia pase un día sin comer ni le falte el techo de un hogar». El objetivo: optimizar los recursos y orientar las políticas de empleo para priorizar a quienes peor lo están pasando.
Otra de las medidas en las que Castilla y León dio un paso por delante del resto fue en la puesta en marcha de un programa Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio, que arrancó en noviembre para actuar ante la escalda de ejecuciones hipotecarias que dejaban a cientos de familias en la calle y sin hogar. En los seis primeros meses 843 personas recurrieron a este servicio.
En el caso de la distribución urgente de alimentos, se lleva a cabo en colaboración con todas las entidades y administraciones implicadas, siendo Castilla y León la primera Comunidad que estableció un canal oficial de distribución de alimentos de manera urgente y fijó el reparto como una prestación social. En 2012, se distribuyeron 11.863 toneladas de alimentos, con una valoración estimada de 22 millones de euros, y fueron más de 138.000 las personas beneficiarias.
La atención a los dependientes es otra de las patas en las que ha destacado la Comunidad, si bien también es una de las más tocadas por los recortes, sobre todo debido a restricciones presupuestarias fijadas desde el Gobierno. En este apartado la apuesta regional siempre se ha orientado a la prestación de servicios profesionales frente a los cuidadores profesionales.
En este campo, la Consejería ha buscado acuerdos en el marco del Diálogo Social cuyos aspectos más relevantes afectan tanto a personas mayores como a personas con discapacidad, son la posibilidad de que una misma persona pueda recibir dos ayudas vinculadas a servicios, cuando así lo precise, que el coste máximo de una plaza residencial oscile entre 1.000 y 1.500 euros, y la garantía de una capacidad de gasto para el usuario de 1.100 euros.
El sistema de la dependencia de Castilla y León ha atendido a 113.000 personas en sus primeros cinco años de funcionamiento, con 62.108 beneficiarios a finales de 2012.