Consenso en servicios sociales
Opinión | FRANCISCO SARDÓN
presidente del CERMI en Castilla y León
Hace cuatro años se aprobó en las Cortes la Ley de Servicios Sociales, que sustituía a la de Acción Social de 1988. Una evolución social y un cambio en los paradigmas de la atención y los derechos de las personas con discapacidad propician que la nueva Ley supere el modelo asistencial con el que se venía trabajando, y que se encontraba agotado en su ideario, a un modelo basado en unos derechos reconocidos y exigibles en el que la persona es el centro de atención una vez detectadas sus necesidades.
En cuatro años, la Ley y la atención a las personas con discapacidad y dependientes en toda España han sido evaluadas por dos veces por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En la primera reválida, Castilla y León se situó a la cabeza en la atención a las personas con discapacidad y mayores, y en este segundo examen la comunidad baja al cuarto puesto debido, fundamentalmente, a un descenso del presupuesto en atención social de un 15,89% que ha afectado a la relevancia económica que se da a la atención social.
Pero más allá de las puntuaciones de la Asociación que tienen su importancia porque funcionan como un barómetro de la atención social, y porque son mediáticas e incluso podrían generar una sana competencia entre las comunidades que beneficiara la atención social, más allá de generar una útil competencia, y subrayo útil y competencia como la esencia de nuestro sistema y no otras cosas, lo que revela la valoración de la Asociación, en primer lugar, son las marcadas desigualdades en atención y desarrollo social entre las comunidades que configuran el Estado español.
Solo voy a emplear un ejemplo genérico: una misma prestación con una misma intensidad a la persona dependiente le cuesta diferente según la comunidad en la que resida, y también según en qué comunidad resida tendrá el servicio o no. Voy a dejar escrita una pregunta, ya sé que ingenua: si el gobierno de la nación impone un techo de déficit a las comunidades, ¿por qué en un área como son los servicios sociales, que afecta a las personas más vulnerables de la sociedad, no se propicia un acuerdo para imponer medidas que impidan aplicar recortes en los presupuestos de los servicios sociales? Esto sí que sería una demostración de la aplicación del principio de solidaridad entre las comunidades, ese principio que nunca ha estado claro y que ahora más que nunca está en entredicho.
Refiriéndonos a Castilla y León, hemos consolidado el sistema de derechos que refleja la Ley y hemos extendido una importante y destacada red de servicios. En este punto he de mencionar y subrayar la profesionalidad y la calidad de servicios que ofrecen las asociaciones que están organizadas en torno al CERMI CyL y que son una garantía más de atención a las personas con discapacidad. Aprovecho para poner de ejemplo la recién aprobada Ley de Igualdad de Oportunidades de la personas con discapacidad por consenso político, y apelando a este consenso, pido unidad de criterio para que los servicios sociales y atención a la dependencia queden al margen de los vaivenes presupuestarios y no se conviertan en presa fácil de sector privado.
En el debe de la comunidad apuntamos la falta del desarrollo del catálogo de servicios de la Ley y que la misma ha sufrido recortes que afectan al desarrollo del modelo. Un modelo que ha de seguir creciendo y desarrollándose sin interrupciones económicas en una comunidad muy necesitada de que los servicios sociales lleguen a todo el territorio, sobre todo al ámbito rural, y que alcancemos primeras posiciones en calidad humana y solidaridad.