La juez, a instancias del fiscal, pide informes sobre el bus y el conductor

Una semana después del siniestro que costó la vida a nueve personas en Tornadizos (Ávila), la juez del Juzgado de Instrucción número 2, a instancias del Ministerio Fiscal, ha solicitado nuevos informes para determinar las circunstancias del accidente y para determinar las condiciones del conductor, R.G.S., de 54 años.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) informó ayer de estas decisiones de la magistrada, aunque el fiscal presente en la declaración de R.G.S., Óscar Barrios, solicitó estas actuaciones el pasado jueves, según confirmó a este periódico el representante del ministerio público.

Por una parte, la juez pide nuevas diligencias sobre la reconstrucción del accidente que tuvo lugar a la altura del kilómetro 123,000 de la N-403 (Ávila-Toledo) y su origen. De esta manera se trata de conocer este tipo de detalles a partir de informes mecánicos y técnicos, así como sobre los sistemas de seguridad del autobús.

Todo ello, después de que el mismo lunes de la tragedia el conductor, que fue puesto en libertad provisional, asegurara en repetidas ocasiones haber escuchado «un golpe en la parte posterior» del autobús en el momento en el que «circulaba ya con el freno eléctrico para bajar pendientes y retener la velocidad».

En esa misma declaración R.G.S. dio marcha atrás a su «manifestación voluntaria» en el lugar de la tragedia, donde según el atestado de la Guardia Civil habría reconocido haberse dormido, para después negarlo y rechazar igualmente haber dado una «cabezada».

Además, señaló transitar a menos de 90 kilómetros por hora en un tramo limitado a 100 y que el autocar había pasado la ITV hacía menos de un mes.

Más pruebas

Junto a las actuaciones vinculadas al estado del vehículo, la juez también solicita «pruebas periciales médicas para acreditar las condiciones psicofísicas del conductor».

En su declaración ante la juez dijo haber trabajado el día anterior —domingo— entre las 17.00 y las 23.00 horas realizando una ruta a Madrid que solía hacer «algunos fines de semana». Tras revisar el autobús, se fue a casa en torno a las 23.30 horas, levantándose a las 6.30 de la mañana del día siguiente, para partir de Serranillos a las 7.15 horas. Dijo haber dormido «seis horas y media o siete». Además, reconoció haber tomado en el desayuno ibuprofeno porque había tenido problemas de lumbago. Además, para otros problemas de salud tomaba a diario Pentasa.

La tercera de las actuaciones solicitadas por la juez incluye la petición de declaración de 20 de los 22 ocupantes del autobús que resultaron heridos de diversa consideración, excluyendo según comentó Barrios a la niña de 7 años y a una pasajera con síndrome de Down. No obstante, la juez irá llamando a cada uno de estos testigos “según lo aconsejen sus condiciones de salud.

Además, se llamará a declarar a los agentes de la Guardia Civil que participaron en la elaboración del atestado en el que figura que el conductor admitió haberse quedado dormido en unas «manifestaciones voluntarias» que a juicio del abogado del turno de oficio que le correspondió en un primer momento no deberían tener «validez jurídica», teniendo en cuenta que se produjeron «sin asistencia letrada».

Precisamente ese abogado, Juan Antonio González Agüero, dejó de serlo el pasado jueves, ya que R.G.S. ha decidido dejar su defensa en manos de un familiar de Guadalajara, donde residen su mujer y sus dos hijos, entre otros familiares.

También él había residido en la capital alcarreña hasta que hace tres años se quedó sin empleo en una empresa de camiones y lo encontró en su localidad natal de Serranillos realizando la ruta de autocares entre su pueblo y Ávila.

Desde el TSJCyL se explicó ayer que si del resultado de la instrucción en el ámbito penal se resolviera que ha existido un delito, «se llevarán a cabo otras actuaciones en el ámbito de la responsabilidad civil».