Silván exhibe ante Pastor su plan exprés de vivienda que activará en agosto
La Junta dejará casi un tercio de la promoción pública para alquiler social.
Silván, en un gesto cercano, posa con la ministra Pastor y sus homólogos, ayer, en Madrid.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, exhibió ayer ante el Ministerio y el resto de comunidades autónomas el plan exprés de vivienda de la Junta, un conjunto de más de «veinte medidas» dirigidas a atender a las personas con necesidades urgentes, que aprobará el Consejo de Gobierno, en forma de decretoley, el 31 de julio, para su entrada en vi-gor en agosto.
Así lo anunció el titular autonómico de Fomento, en un receso, en el transcurso de la Conferencia Sectorial de Vivienda, convocada por Ana Pastor. En la reunión, la responsable ministerial invitó a las comunidades a participar en la elaboración de un registro de viviendas protegidas pendientes de adjudicar o de las adjudicadas sin uso, petición a la que sumó Castilla y León.
Mientras el Gobierno inicia estos trabajos preparatorios, más de tres meses después de aprobar el Plan Estatal de Vivienda, la Junta agiliza su plan de medidas urgentes en dis-tintos ámbitos. El consejero resumió ayer las principales, que «dan una respuesta activa y práctica a las necesidades de vivienda» ante las «dificultades» de muchas familias.
Reserva obligatoria
Para fomentar el alquiler social, la Consejería regulará por ley la reserva obligatoria para arrendamiento del 30% de las viviendas de promoción pública, tanto de las que son propiedad de la Administración como de las corporaciones locales. La prioridad de acceso la tendrán las familias en riesgo de exclusión. También pondrá en marcha un nuevo programa de alquiler social, fruto de la fusión de Revival y la Bolsa. Aquí se establecerán umbrales de renta como requisito de acceso ligados a unos precios máximos, en función de las características y ubicación de la vivienda. Para movilizar el stock del parque público de viviendas protegidas, la Junta regulará moratorias en el pago de las cuotas, tanto en régimen de compra como de alquiler. En este caso, la Consejería trabaja con una tabla de supuestos –circunstancias económicas y perso-nales graves, como las rentas o la situación de familias con todos sus miembros en paro–, de forma que a cada horquilla de ingresos se le atribuirán distintos plazos de mora.
Los propietarios de una VPO de promoción pública tendrán la posibilidad de amortizar de golpe todo el capital pendiente, con quitas que, en el decreto original que elaboró Fomento, podían llegar al 30%. También habrá una rebaja en el precio de VPO pendientes de adjudicación.
Razones de empleo
Además, según explicó el consejero, a quienes hoy tienen una vivienda protegida se les garantizará esa propiedad en caso de que «por razones de empleo» tengan que cambiar de localidad de residencia. Para movilizar la bolsa de viviendas que hoy están desocupadas, se flexibilizarán los requisitos de adquirientes y arrendatarios. También se «simplificarán los procedimientos de calificación» de un piso protegido. Otra de las medidas que contempla ese decreto ley, que en agosto convalidarán las Cortes, es la exención de las plusvalías, durante dos años, a los constructores de vivienda protegida, aunque esta iniciativa no la citó ayer Silván.
«Se trata de medidas que com-plementan los recursos públicos, ahora restringidos, con la voluntad de las administraciones de facilitar el acceso a la vivienda en tiempos difíciles», resumió el consejero en su visita ayer a Madrid.