La Junta ‘simplifica’ el acceso a las VPO a cambio de alquilar 5 años
Las medidas incluyen una moratoria en el pago de las cuotas.
De Santiago-Juárez, Silvia Clemente y Antonio Silván, ayer, tras el Consejo de Gobierno.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, anunció ayer la «inmediata» puesta en marcha de 22 medidas en materia de vivienda con las que el ejecutivo quiere lograr, por un lado, dar respuesta «urgente» a las necesidades de las personas y familias más castigadas por la crisis, y, por otro, dotar de mayor «agilidad» el mercado inmobiliario.
Una de las medidas con más peso es la que abre la posibilidad de adquirir una vivienda de protección pública y promoción privada, sin necesidad de cumplir con los requisitos requeridos hasta ahora como el nivel de renta, aunque la Junta obligará al comprador a destinar el inmueble al alquiler durante un mínimo de cinco años. De esta forma los promotores pueden dar salida a las viviendas que tienen en stock y la administración se asegura de que ésta permanezca en el mercado del alquiler por lo menos durante cinco años.
El titular de Fomento hizo hincapié en las medidas destinadas a «luchar contra los desahucio» como el mismo calificó, dentro del ámbito de las viviendas protegidas de titularidad pública. Para los supuestos en los que se haya producido la compra del inmueble, la ley permitirá una moratoria en el pago de la cuota mensual, interrumpién-dolo durante un año y prorrogable hasta un máximo de cuatro años. Además, se procederá a la reestructuración de la deuda pendiente con una ampliación en el periodo de amortización en un máximo de cinco años.
En el caso de que la persona que habita la vivienda lo haga en régimen de alquiler, la medida contempla al igual que en el caso anteior, una moratoria en el pago de la renta mensual, pero también prevé una reducción de esta desde un 30% hasta el 50% durante un año, prorrogable también hasta un máximo de cuatro años y la reestructuración de la deuda pendiente.
Dentro de este paquete de medidas, Antonio Silván anunció la reducción de un 20% en el precio de la venta y alquiler de las viviendas de titularidad pública que quedan sin adjudicar, atendiendo de esta manera a una de las peticiones sociales que se pedían para que un mayor colectivo accediera a estos inmuebles.
Esta medida afectará a las viviendas por adjudicar y no a las 12.471 viviendas públicas existentes, de las cua-les 11.332 corresponden a venta y 1.139 que están en régimen de alquiler.
Malestar en la patronal
La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) y la Confe-deración Castellano y Leonesa de la Construcción (CCLC) la-mentaron ayer la aprobación en Consejo de Gobierno del Decreto de Ley de Medidas Ur-gentes en Materia de Vivienda sin abrir previamente un proce-so de análisis y debate con los sectores directamente afecta-dos.
Ambas organizaciones creen que algunos de los puntos con-templados en dicha disposición tienen una «importante trascendencia económica» no sólo para el sector de la construcción, sino para el conjunto de la actividad empresarial de la Comunidad, informa Europa Press.
Tanto Cecale como la Confe-deración Castellano y Leonesa de la Construcción afirmaron ser «conscientes de la necesi-dad de aprobar una norma que dé rápida respuesta a los pro-blemas que de algunos colecti-vos en materia de vivienda», aunque aseguraron que se ha aprovechado la situación «para realizar una norma de mayor calado y con importantes con-secuencias económicas para las empresas de la comunidad autónoma.