Acuerdo para reforzar la Renta Ciudadana y dar hasta 3.200 euros para evitar deshaucios

La red de protección a las familias de Castilla y León más vulnerables por la crisis empieza a desarrollarse con medidas concretas de cierto alcance. Junta, sindicatos y patronal han cerrado un acuerdo para flexibilizar las condiciones que deben reunir los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que reciben las personas más vulnerables por la crisis, y para apoyar económicamente «a las personas y familias en riesgo de desahucio con todos sus miembros en paro».

El cambio en la Ley y en el reglamento de la Renta Garantizada implicará un aumento del número de personas beneficiarias, al reducir las exigencias y ampliar en determinados supuestos la edad máxima y la mínima de los perceptores, así como simplificar los trámites cuya complejidad está restringiendo de manera significativa el número de ayudas.

La medida extraordinaria para evitar los desahucios implica que «familias con todos sus miembros en paro» o personas en situación de desempleo podrán recibir hasta un máximo de 3.195 euros anuales si demuestran que no pueden o no han podido pagar la hipoteca por carecer de recursos.

«La Junta de Castilla y León incrementará al menos un 30% el presupuesto de 2013 destinado a la Renta Garantizada de Ciudadanía y se prevé que sea un 65% sobre el inicial de 2013 para 2014». Así consta en el anexo del documento del Diálogo Social, al que ha tenido acceso DIARIO DE LEÓN, que el próximo viernes 6 de septiembre firmarán el presidente de la Comunidad, Juan Vicente Herrera, y los máximos representantes de CCOO, UGT y Cecale, Ángel Hernández, Agustín Prieto y Santiago Aparicio. Este esfuerzo presupuestario significa que para 2013 habrá una partida adicional de al menos 10 millones de euros para la Renta Garantizada de Ciudadanía, que se sumará a los casi 33 millones actuales y de otros 11 millones acumulados más para 2014, lo que permitirá alcanzar los 53,2 millones en 2014. En conjunto, un aumento del 65% en dos años. Además, el plan de apoyo a familias en riesgo de desahucio tendrá una dotación de seis millones de euros para los dos años. El acuerdo ha sido pilotado por la Consejería de Familia, que dirige Milagros Marcos, con el respaldo de la Consejería de Economía, cuyo titular es Tomás Villanueva.

El pacto que rubricarán Junta, sindicatos y patronal el viernes el implica la primera reforma de la Ley Garantizada de Ciudadanía, que entró en vigor en septiembre de 2010, tras la inclusión de este derecho subjetivo en el Estatuto de Autonomía. La Renta Ciudadana es la última red de protección que recibe de las administraciones los colectivos más desfavorecidos. Es una ayuda a las personas con riesgo de exclusión para cubrir necesidades básicas de subsistencia.

La experiencia de los dos años y medio de pago de este derecho y la dureza de la crisis revelan que se está restringiendo mucho su percepción, con excesivas exigencias y complejos trámites burocráticos. El acuerdo supone dar un giro, al menos teórico, a esta situación. Las solicitudes han aumentado casi un 50% en 2012, pasando de 18.086 a 27.054.

El porcentaje de denegaciones es altísimo. Para ampliar la horquilla de concesiones, las nuevas medidas de flexibilización adaptarán la edad máxima de acceso a esta prestación a la nueva edad de jubilación. Por el contrario, rebajan de 25 a 18 años la edad mínima para determinadas situaciones de las víctimas de violencia de género y cuando miembros de la familia ingresen en prisión o en centros «que cubran necesidades de subsistencia». A los extranjeros separados o divorciados que soliciten esta renta se les eximirá de presentar la documentación que acredite su estado civil en casos de difícil o imposible cumplimiento.

El nuevo reglamento de la Renta Ciudadana rebajará las condiciones de cómputo de bienes inmuebles, muebles y de ingresos para tener derecho a la prestación. De tal forma que por primera vez se exime del cómputo los bienes declarados en ruina, se reduce a la mitad el valor del los bienes inmuebles inferiores a 6.000 euros en municipios de menos de 2.000 habitantes y se exime de cómputo los vehículos cuyo valor sea inferior a 5.000 euros o de 10.000 euros en el caso de discapacitados.

Preferentes

El acuerdo también supone excluir de ese cómputo las participaciones preferentes, si bien los perceptores de estos productos financieros híbridos deberán comunicar por escrito la resolución del procedimiento.

También por primera vez y de forma excepcional, la percepción de la Renta Garantizada de Ciudadanía será compatible con una actividad laboral. «No se computarán los ingresos procedentes de una actividad laboral desarrollada dentro de un plazo de 6 meses, cuyas retribuciones sean inferiores a 426 euros en dicho período». Esta exención sólo tendrá vigencia durante dos años a contar desde que se inicie este trabajo retribuido, ampliable un año más «previo informe previo». En definitiva, éstas y otras medidas pretenden ampliar el número de perceptores de la Renta Garantizada a la vista de que la crisis está provocando un elevado aumento de la pobreza.