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La andanada | Pedro Vicente

El Pleno de las Cortes que ha abierto el nuevo curso parlamentario ha puesto nuevos deberes a la Junta en apoyo del maltratado sector del carbón. En realidad son deberes autoimpuestos, ya que la iniciativa, tendente a garantizar la actividad de las cuatro centrales térmicas ubicadas en Castilla y León, aunque aprobada por unanimidad, partía del grupo parlamentario popular. Eso sí, el consenso en apoyo del carbón se vio precedido el día anterior de un áspero debate —uno más de los que han protagonizado en los últimos meses— entre el procurador socialista Ángel Fernández Cardo y el consejero de Economía, Tomás Villanueva.

«!Para lo mucho que dicen que trabajan, que poco les luce. Porque resultados, ninguno!», le espetó Cardo a Villanueva, quién, visiblemente molesto, calificó de «mitin» la intervención del procurador leonés. Villanueva confía en que el nuevo plan del carbón asigne a las cuencas de la comunidad la producción de 4 millones de toneladas.

Por lo demás, el Pleno ha despejado el destino que piensa dar la Junta al suplemento presupuestario —finalmente 277,8 millones de euros— derivado del nuevo techo de déficit asignado a la comunidad el pasado verano. Recelosos sobre la utilización de ese nuevo fondo, los socialistas habían planteado el turno de preguntas como una especie de tercer grado al gobierno de Juan Vicente Herrera. Cinco preguntas, la dirigida al presidente y las otras cuatro a los titulares de Sanidad, Educación, Familia y Economía, versaban sobre el destino de ese dinero extra, que, por cierto, no cae del cielo, sino que procederá de un crédito extraordinario que incrementará el actual nivel de endeudamiento.

Los temores del portavoz socialista, Óscar López, de que la Junta aprovechara la coyuntura «para tapar agujeros o camuflar la caída de la recaudación» se disiparon muy pronto. Los disipó el presidente Herrera, al concretar, aunque fuera a grandes trazos, la distribución de esos 277,8 millones. Como era de esperar, las consejerías de Sanidad, Familia y Educación absorberán una buena parte —en conjunto, alrededor de dos tercios— de ese crédito extraordinario. La gran novedad es que casi todo lo restante, un 30 por ciento, va a parar a la consejería de Fomento y Medio Ambiente, que dispondrá así de unos 83 millones de euros con los que no contaba. El resto, menos de un 4%, se reserva a un plan especial de empleo destinado a paliar la situación de los trabajadores que han agotado las prestaciones por desempleo y se encuentran en peligro de exclusión social.

Dicha distribución constituye sin duda una buena nueva para Antonio Silván, el titular de la consejería que más ha sufrido, y con diferencia, los rigores presupuestarios de estos últimos años, al punto de disponer en 2013 de menos de la mitad del dinero que sumaban Fomento y Medio Ambiente antes de su fusión. Los montes y la red autonómica de carreteras se apuntan como principales receptores de dicha inyección presupuestaria.

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El leonesista Alejandro Valderas preguntó al presidente Herrera sobre los planes de la Junta respecto al plan de reforma de las Administraciones Publicas impulsado por el gobierno central. Frente a la posición de Valderas, que sigue encontrando sobredimensionada la Administración de la comunidad, Herrera la calificó de «razonablemente austera» y anunció que antes del 30 de octubre la Junta presentará una propuesta con nuevas medidas de reforma. Veremos en qué queda la cosa.