IU pedirá que las Cortes investiguen el escándalo inmobiliario de Ceiss

El nuevo capítulo en la nefasta gestión de algunas operaciones de la antigua Caja Duero va camino de entrar en las Cortes de Castilla y León. El coordinador regional de IU y portavoz del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León, José María González, reiteró ayer su intención de que la gestión de las Cajas sea objeto de una Comisión de Investigación en el Parlamento autonómico.

«No sólo hay que crear una comisión de investigación en las Cortes regionales por estas últimas operaciones, sino por todo lo que ha pasado en las cajas», indicó ayer el portavoz de IU, quien recordó que en el último Debate del Estado de la Región ya solicitó investigar a «a todos los que han estado aprovechándose del sistema financiero», al tiempo que indicó que «la Junta no puede seguir escondiendo la cabeza; tiene la mayoría absoluta que le han otorgado los ciudadanos para adoptar decisiones que beneficien a todos, no para tapar las miserias de una minoría», dijo.

Operación Valencia

El coordinador regional de IU señaló que la ‘operación Valencia’ de Caja Duero «demuestra una vez más que quienes tenían el gobierno de nuestro sistema financiero no lo han ejercido y lo han dejado en manos de técnicos con poder ejecutivo y con la capacidad de engañar» y añadió que «es denigrante para la Comunidad autónoma que aquellos en quien se ha confiado para defender los ahorros de los ciudadanos de Castilla y León lo que parece que han hecho es defender sus propios intereses». González lamentó también que el PP «no quiera asumir la responsabilidad de que quien ha estado gobernando las cajas lo ha hecho sustentado por los partidos mayoritarios».

El portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, rechazó que las operaciones irregulares de Caja Duero puedan ser objeto de una comisión de investigación en las Cortes autonómicas. «El papel del Parlamento es el que fija la Constitución para el Legislativo; quien tiene que dar las explicaciones es Ceiss, entidad que tiene sus órganos de control y de gobierno, no el parlamento regional», indicó el responsable del PP.

Fernández Carriedo agregó que «ni la Junta ni el Parlamento autonómico han gestionado las Cajas de Ahorro, por lo que tiene que ser la Justicia la que determine las supuestas responsabilidades», al tiempo que solicitó a Ceiss que «ofrezca con transparencia explicaciones sobre este asunto por que los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad». «Confiamos en el papel de la Justicia», reiteró.

Desde el PSOE regional prefirieron guardar silencio sobre la ‘operación Valencia’ por la que Caja Duero compró un edificio en Valencia con un sobrecoste de dos millones de euros. Sus máximos dirigentes a nivel regional declinaron hacer valoraciones y desde su gabinete de Comunicación se indicó que «para decir obviedades no iban a hablar».

Quienes sí hablaron fueron los sindicatos, que mostraron su indignación por este nuevo escándalo, especialmente por el daño que se hace a los trabajadores y a la propia entidad. El representante de UGT en Caja España-Duero, Francisco Cabañas, reiteró al Consejo de Administración de Ceiss lo que ya pidió cuando DIARIO DE LEÓN destapó la ‘operación Nozar’: que se aparte de los órganos de gestión al actual director general de Ceiss, José María de la Vega, imputado por este caso. «Es lo mismo que ocurriría con cualquier otro compañero: si a un director de sucursal, por ejemplo, le cogen con que ha metido la mano en la caja lo primero que hacen es apartarle de sus funciones, se le retira de manera inmediata, y si luego es inocente vuelve, y en en este caso tiene que ocurrir exactamente lo mismo», indicó Cabañas, quien denunció que estas operaciones se conocen cuando el banco está despidiendo a 1.230 trabajadores. «Los directivos que son responsables de la situación actual de la empresa no debe de seguir estando, y el director general de Ceiss cebe de cesar», dijo.

Luis Rodríguez Alfayate, secretario general de Csica, solicitó, al igual que en el ‘caso Nozar’, que el Consejo de Administración de Ceiss actúe. «Partiendo de la presunción de inocencia del director general, José María de la Vega, vuelvo a poner la pelota en el tejado del consejo de Ceiss, porque si éste tiene toda la información, como parece, tiene que haber una determinación, se le suspenda (al actual director general de Ceiss) o no». El máximo responsable de la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros y Afines también puso sobre la mesa que las consecuencias de estas operaciones «las vuelven a sufrir los compañeros en la red de oficinas». «Ahora estamos con los EREs, con las preferentes y esta situación la sufren los compañeros y nos hace daño», dijo.

Ángel Hernández, secretario de CCOO en Castilla y León, señaló que el papel del sindicato se va a limitar a defender los derechos de los trabajadores de la Caja. «Que actúe la Fiscalía y la Justicia», señaló Hernández, que recordó que hay un regulador, el Banco de España, y también está la Junta para que si alguna operación supone una ilegalidad actúen. «Nuestra posición en estas operaciones no cambia: si se entiende que hay ilegalidad, que se actúe judicialmente», insistió, para remarcar la responsabilidad de quien haya hecho los nombramientos. «Quien haya puesto a esta gente al frente de la Caja que tome sus decisiones, nosotros desde luego no los hemos puesto», concluyó.