El estatuto de los pueblos

Este martes se aprobó en las Cortes la Ley de Ordenación del Territorio, sin duda la norma más importante de esta legislatura autonómica. El respaldo parlamentario incluyó el apoyo de populares y socialistas, mientras votaron en contra los dos procuradores mixtos, uno de Izquierda Unida y el otro leonesista. Superada la fase de las zancadillas partidarias, ahora comienza la etapa más sugestiva, que buscará la definición del mapa para un despliegue eficiente de los servicios. Este proceso inevitablemente pisará callos y producirá más de un relincho. Los escasos intentos de mudanza en la estructura administrativa de nuestro país se concibieron para alojar a los vicarios de la clase política, olvidando que la única justificación de ese ramaje consiste en prestar mejores servicios y no en multiplicar asientos.

La Ordenación del Territorio es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma y constituye el instrumento básico para articular el despliegue de los servicios. Los países europeos desarrollados cuentan con este diseño para aplicar las políticas sectoriales, pero en España su carencia provocó que la descentralización autonómica llevara a ordenaciones diferentes para la sanidad o la educación. Esa misma falta de un tejido funcional explica, por ejemplo, que en nuestro ámbito rural convivan tres sistemas de transporte precarios: el ordinario, el escolar y el sanitario. Sólo recientemente se han puesto en marcha experiencias que tratan de optimizar los recursos compartiendo rutas.

Así que la filosofía del proyecto se muestra diáfana y a la vez que alienta el debate sobre su diseño, no admite razonablemente rechazos frontales. Sobre todo, en una provincia como León, que a lo largo de los dos últimos siglos ha conocido un proceso de ordenación espontáneo, capaz de ir adecuando la estructura administrativa a las necesidades de la gente. Muchas de las entidades menores fueron antes municipios y muchos de los actuales ayuntamientos variaron su sede de un pueblo a otro entre los siglos diecinueve y veinte. Por eso, León tiene una estructura administrativa más funcional que la de otras provincias. En ese dinamismo, que se advierte cotejando los datos de Madoz (1845) con el mapa actual, tuvo mucho que ver el despliegue de la minería. Mi pueblo (Carrocera, que contó con la primera alcaldesa de España) fue pedanía de Benllera, antes de convertirse en ayuntamiento por un criterio funcional de centralidad. Nuestra historia administrativa responde a un modelo construido con la experiencia del sentido común.

La irrupción hace un año del intento de poda administrativa desde el ministerio de Hacienda, introdujo un elemento de distorsión en el debate, al que se apuntaron como intrépidos lebreles unos cuantos dirigentes populares. La reforma Montoro cifra su esquileo en suprimir Juntas Vecinales y mancomunidades como las que recogen la basura y facilitan la vida de los pueblos. Llegó con el respaldo de la anquilosada y servicial Federación de Municipios de Provincias, pero en cuanto enseñó la patita, empezó a recibir un chorro de alegaciones y el rapapolvo del Consejo de Estado, que ponen de relieve su inconsistencia y la temeraria pretensión de vulnerar al municipalismo con afanes recaudatorios. Sirvió para confundir y desvirtuar el debate. Y eso es precisamente lo que menos interesa en este momento. Cuando nos jugamos el futuro de nuestros pueblos.