Concepción ve artificial la polémica creada en Burgos por la sede del TSJ

Un argumento inesperado, tanto por ser una justificación prosaica y sorprendente como por la coincidencia en su uso de los dos oradores principales durante la apertura, ayer, del curso judicial en Castilla y León: todo se debió a simples «erratas» en un borrador legislativo.

Tanto el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL), José Luis Concepción, como el fiscal general de Superior, Manuel Martín Granizo, recurrieron a la misma explicación, «alguna errata en algún borrador de trabajo o en sus anexos...», para banalizar la polémica sobre la sede del TSJ y su desdoblamiento competencial, que durante meses ha sacudido a la Comunidad, y que ha llegado al Congreso.

Esta movilización mayoritaria ante la amenaza sobre la capitalidad judicial que entrañaba la futura Ley de Planta fue presentada ayer por el presidente del Alto Tribunal, en su discurso de apertura, como una expresión populista y falaz. «Algunas organizaciones empresariales o políticas han querido hacer de ese malentendido su bandera en defensa de unos intereses que no han sido, en absoluto, cuestionados», en palabras de Concepción.

Y es que lejos de cuestionar el proyecto reformista del ministro Gallardón, el magistrado es un abierto defensor de la que denomina ‘revolución de la Justicia’. La pervivencia de un modelo jurisdiccional, que ancla sus raíces legislativas y procesales en el XIX, redunda en su opinión en la ineficacia del Tercer Poder. «El modelo actual, que pudo ser útil en el pasado, no es capaz de ofrecer una óptima respuesta a las exigencias actuales», puntualizó desde la tribuna, en el Palacio.

Los puntos críticos de su intervención, que resultó todo un pronunciamiento en favor del Gobierno, se centraron más en atacar a quienes enjuician las reformas ministeriales previstas, que en detectar los fallos de estos controvertidos proyectos normativos, aunque también precisó algunos. «Es incuestionable que ha habido gobiernos que poco o nada han hecho por la Justicia. El actual ha dado los primeros pasos para cambiarla por completo. Y eso hay que aplaudirlo», enfatizó.

Las tasas

Frente a las denostadas tasas judiciales, Concepción discrepó de las críticas y expuso que «la Justicia es un servicio público gratuito, pero cuesta mucho dinero y alguien tiene que pagarlo». Consideró que éstas previenen la querulencia (la afición al pleito). Tan sólo matizó como «deseable» el que se hubiera determinado que paga quien pierde un pleito y lamentó que lo recaudado no se destine a modernizar la justicia.

Tras saludar el nuevo Código Procesal Penal, «porque no podemos trabajar en 2013 con una ley del siglo XIX», advirtió que el legislador debe ser «cuidadoso a la hora de sustraer la labor de instrucción a quien la ha venido realizando con éxito desde hace siglos (juez), y que conforma un poder independiente».

En implícita alusión a la clase política que critica que la naciente Ley de Planta implique la supresión de partidos judiciales, Concepción criticó que «es curioso que quienes nunca se ocuparon de dotar de medios las ruinosas sedes judiciales existentes en muchos municipios se quejen ahora que desaparezcan».

Negó «los argumentos populistas», de la demografía rural y la distancia, al entender que la caída poblacional no está vinculada a que exista o no un juzgado y que las distancias no se miden en kilómetros sino en tiempo, «en un menor tiempo para la celebración de un juicio».

Martín Granizo defendió por último que el nuevo modelo «es muy racional», y equipara a España con el resto de países de su entorno.