De Santiago-Juárez califica la reforma local de «atropello» a Castilla y León

Hace mucho que en la guerra política desatada en Castilla y León por la reforma local que propone el Gobierno los bandos no coinciden con las siglas del partido. Pero, por si quedaba alguna duda, ayer la despejó el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno.

Primero atacó de lleno el proyecto propuesto por Cristóbal Montoro que reasigna competencias y funciones entre ayuntamientos y comunidades autónomas. Lo calificó como un «atropello» y como «una ley mala para los intereses de Castilla y León y sus ciudadanos». Luego, prosiguió por aquellos que desde la Comunidad defienden esa reforma.

Indicó que le «parecía mentira» que, perteneciendo a la autonomía, desearan que las alegaciones de la Junta para enmendar el proyecto de ley fueran rechazadas. Aunque el consejero portavoz eludió desvelar a quién se refería, jugueteó con pistas suficientes. «Es el presidente de una diputación» que –señaló– había realizado unas declaraciones «en una emisora nacional».

Sólo una persona da el perfil: el popular Fernando Martínez Maíllo. Para mayor evidencia, el presidente de la Diputación de Zamora y vicepresidente de la Federación Nacional de Municipios y Provincias posó ayer junto al ministro Montoro con otros alcaldes y presidentes de diputaciones del PP. Escenificaron así su apoyo a un proyecto de ley que para ellos da «respuesta» a reivindicaciones «históricas» del municipalismo; «realza» el papel de los ayuntamientos y es la guía para los gobiernos locales del siglo XXI.

Esos y otros elogios figuran en la declaración pública de cargos electos del Partido Popular entregada ayer en el Congreso a favor del proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En declaraciones a la Cadena SER, Maíllo se mostró de acuerdo con que las competencias en materia de Educación, Sanidad y Servicios Sociales pasaran a ser «estrictamente» autonómicas «porque lo dice la Constitución y así lo reconoce la reforma local».

Admitió que la mayoría de las alegaciones presentadas por la Junta de Castilla y León cuestionan lo anterior y, en consecuencia, reconoció que «sinceramente» espera «que no den su fruto».

En contestación, De SantiagoJuárez cuestionó la filosofía de fondo de esas afirmaciones. «Puedo entender que desde las entidades locales se pida más dinero. Pero no me cabe en la cabeza que el responsable de una Administración se alegre de que le quiten competencias. Entonces, ¿para qué están las administraciones sino para prestar servicios?», preguntó. Como ejemplo contrario, De SantiagoJuárez puso a Juan Vicente Herrera que, muy crítico con la insuficiencia de fondos, «no pide por eso que le quiten competencias».

Respecto a las posibilidades de prosperar de las enmiendas parciales de la Junta, De SantiagoJuárez quiso ser «optimista». Anunció que el plazo rige hasta el día 22, «lo que supone ganar tiempo», y aseguró que la postura de la Junta es, también, la de la Federación Regional «y la de la mayoría de los alcaldes», por lo que el Gobierno regional peleará «hasta el último momento».

Recordó los tres puntos cruciales de desacuerdo con la reforma: conservar el modelo de prestaciones de servicios sociales de proximidad y obtener un plazo superior para asumir las prestaciones residenciales ahora municipales; obtener más tiempo para que las entidades locales menores rindan cuentas y, por fin, no asumir las competencias de Sanidad de los ayuntamientos, esto es, los consultorios locales.

Aquí De Santiago-Juárez lanzó la última andanada. Si la reforma local «se aprueba como está», peligra la continuidad de los 3.600 consultorios en la Comunidad. Porque, la apertura y cuidado de ese servicio está realizado mayoritariamente por personas de cada localidad de manera altruista y a coste cero. Pero los gastos, si lo realizara la Junta, alcanzarían «los 30 millones de euros». ¿Se cerrarían», explicó.