La futura Ley Agraria contemplará un sistema de arbitraje para fijar contratos previos entre agricultores e industria

La Consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, destacó hoy que la futura Ley Agraria de Castilla y León dedicará un apartado muy importante a la protección de la cadena de alimentaria mediante la creación de sistema de arbitraje que facilite la firma contratos previos entre agricultores y la industria, obligación que ya se recoge la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, norma que entrará en vigor en enero tras ser aprobada por el Congreso el pasado mes de agosto.

«Hemos complementado la obligatoriedad de los contratos previos que recoge la normativa estatal con un modelo de solución a las controversias de los contratos mediante la creación de una junta de arbitraje. Además se creará la figura del defensor de la cadena alimentaria y se habilitará la posibilidad de crear organizaciones interprofesionales», aseveró Clemente en Valladolid antes de la clausura del ciclo 'De la mesa al campo', foro organizado por 'El Norte de Castilla'.

La consejera confía en que estas normativas den sus frutos y que a partir del próximo mes de enero la firma de contratos sea una garantía más para los productores y «un mayor compromiso de todos los agentes de la cadena para garantizar una estabilidad de precios que interesa a todos».

Clemente también criticó que aunque la Unión Europea, mediante la creación en 2011 de un grupo de alto nivel o a través de la reforma de la PAC y el reglamento de la OCM única, afrontó la mejora de la cadena agroalimentaria, lo hizo de una forma tímida. En este sentido, recordó que las ayudas de la PAC sólo representan el 30 por ciento de la rentas de los agricultores y que el resto se genera en los mercados. «Este reglamento debería haber ocupado un papel estelar en la reforma de la PAC y no fue así», se lamentó la consejera.

En este sentido, Clemente también destacó que el debate sobre la cadena alimentaria es una de las grandes preocupaciones de los agricultores y del sector agroalimentario, «dado que es necesario mantener un equilibrio y un respeto a todos los eslabones de la cadena para asegurar beneficios equilibrados a todos. Debe haber una garantía de precios dignos para los productores, pero también para la industria transformadora y para las cadenas de distribución».

Presupuestos

Por otra parte, y preguntada por las críticas de las organizaciones agrarias al proyecto de presupuestos de su departamento para el próximo año, la consejera aseguró que garantizan la «cobertura de las necesidades básicas» de un sector que representa el 10,5 por ciento del PIB de Castilla y León y que es el único que está creciendo de toda la economía -un 4,5 por ciento en el primer trimestre y un 5,2 por ciento en el segundo semestre-. Además, argumentó que la industria agroalimentaria también viene experimentando crecimientos y ya suma un volumen de negocio que se aproxima a los 11.000 millones de euros en la Comunidad.

«Yo entiendo que a las organizaciones agrarias les gustaría que todo el presupuesto fuera para el sector primario, pero la competencia de la Consejería de Agricultura y Ganadería también se extiende a la industria agroalimentaria, razón por la que los presupuestos incluyen lo que en estos momentos necesita la industria y que no es otra cosa que liquidez», afirmó.

En este sentido, Clemente explicó que desde 2010 la Junta viene ofreciendo a las industrias agroalimentarias una línea de préstamos que han supuesto en los últimos tres años una inyección de 100 millones de euros a industrias agroalimentarias que «nos han garantizado el mantenimiento de casi 4.000 empleos».

A su vez, indicó que haber firmar un convenio con el Banco Europeo de Inversiones para poner en marcha esta línea de préstamos no es algo ficticio y aseveró que «los préstamos que se han concedido durante estos tres años han sido reales y han llegado a empresas que no podían acceder al mercado financiero privado».