La Lomce tendrá un coste de 51 millones
. Los socialistas calculan que la Junta asumirá tal cantidad por una normativa «de vergüenza» y «nefasta», argumentos compartidos por el Grupo Mixto.
La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Ángela Marqués, aseguró ayer que la aplicación de la Ley de la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en Castilla y León supondrá un coste de 51 millones de euros que tendrá que asumir íntegramente la Junta.
Una ley que calificó de «vergüenza» y de «nefasta» durante la defensa de una Proposición no de Ley en el Pleno de las Cortes para manifestar la oposición al Gobierno de España de dicha norma y que fue rechazada con los votos de la mayoría del PP. En su exposición, Marqués pidió el apoyo de la Cámara para denunciar el «retroceso» en el sistema educativo de Castilla y León que supondrá esta ley y por la que hoy se movilizará la comunidad educativa en la huelga general convocada en el sector educativo y a quienes Marqués agradeció toda su movilización en contra de «una ley nefasta para el futuro de nuestros hijos».
Una ley que, continuó, «no gusta a nadie», ni ha sido consensuada, ni dialogada con nadie y que, además, «en vez de considerar a la educación un derecho la ve como un negocio». «La escuela pública necesita hoy una defensa porque está en peligro. Sólo quien quiera un país de castas, de defensa de la estigmatización y la segregación puede apoyar esta ley», remachó la socialista. Argumentos en los que coincidió en buena parte con el procurador del Grupo Mixto y UPL, Alejandro Valderas, quien remarcó que para que una ley funcione tiene que contar con el apoyo de partidos, padres y profesores, entre otros y estos, dijo, «están en la calle». Además, abogó por parar «la espilar» de leyes nuevas cuyo único fin es «tapar lo que hizo el gobierno anterior».
Valderas consideró que la Lomce incluye temas «políticos, partidistas e ideológicos y contiene una tanda de favores a la escuela concertada». Sin embargo, la procuradora del PP Ana Isabel Hernández defendió que la nueva ley impulsada por el Gobierno de España pretende «hacer frente a los problemas» del sistema educativo, reflejados en diversos estudios e informes. Además, subrayó que «sólo un sistema educativo de calidad garantiza la igualdad de oportunidades, garantiza un marco común en todo el Estado» y remarcó que «va a contribuir a mejorar los excelentes resultados educativos de Castilla y León». Precisamente, Marqués reprochó a Hernández que no dijera cómo va a afrontar la Comunidad esos 51 millones de euros que costará la aplicación de la Ley.