La Junta asume el coste de consultorios y residencias, pero podrá delegar la gestión
El PP registra en el Congreso las enmiendas a la nueva reforma local.
Los populares comentaban ayer en los corrillos del Congreso sus divergencias por la reforma.
La moneda de la reforma local ha caído de cruz para la Junta de Castilla y León. Las enmiendas registradas ayer por el Grupo Popular en el Congreso al proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local plantean que la titularidad de las competencias sobre los consultorios, escuelas y residencias de mayores en el medio rural será sí o sí de las comunidades autonómas, obligadas a costearlos.
No obstante, podrán delegar por convenio las tareas de su mantenimiento en los ayuntamientos y en las diputaciones —que salen aún más reforzadas, con capacidad para asumir servicios esenciales—, pero tendrán que transferirles los fondos correspondientes. Si no lo hacen, el Gobierno central se lo descontará de las entregas a cuenta que periódicamente les hace con cargo al modelo de financiación.
En el caso concreto de los consultorios ubicados en municipios de menos de 5.000 habitantes —la mayoría en Castilla y León—, será la diputación la encargada de «coordinar la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza», aunque la Comunidad los costeará.
Sin embargo, las enmiendas de los populares dejan muy claro que, en el caso de las infraestructuras sanitarias y sociales, la gestión por parte de las comunidades «no podrá suponer un mayor gasto para el conjunto de las administraciones públicas». Una fórmula que parece imposible, teniendo en cuenta que sólo por estas dos competencias, el Gobierno Herrera calculó un impacto económico de 231 millones (30 en consultorios y 201 en residencias). La reforma local del ministro Montoro ha levantado ampollas en el seno del Partido Popular, entre responsables de los distintos peldaños de la administración. Tanto que, según fuentes del PP nacional, aún ayer los diputados discutían en los pasillos del Congreso la forma y redacción de las enmiendas, tratanto de encauzar el caudal de demandas que les han llegado desde todos los rincones de España.
La Junta tiene poco margen para el consuelo. Cargará ineludiblemente con la titularidad de los consultorios en el plazo máximo de cinco años, a razón de un 20% anual. La norma de Montoro da vía libre al Gobierno autonómico para adoptar las «medidas necesarias para la racionalización del servicio». Tendrá de plazo hasta el 31 de diciembre de 2015 —un año más del previsto en el proyecto original, pero sin llegar a los cinco que pedía— para hacerse cargo de los Ceas y las más de 200 residencias, que sí podrá delegar en ayuntamientos y diputaciones sufragando el coste.