Condenada a una cárcel de hombres con su bebé por no pagar 1.500 euros de multa
. Un juzgado ordena a una madre de 30 años con tres hijos a su cargo que ingrese en la prisón de Burgos.
María tendría que pasear con la niña en la cárcel.
La cárcel de Burgos cuenta con 282 celdas en las que comparten sus vidas 511 reclusos de diferentes nacionalidades y credos, pero todos ellos hombres. A esta familia masculina tiene que unirse por mandato judicial una joven burgalesa de 30 años que tendrá que acudir a prisión con su hija de cuatro meses, una muñequita de mirada despierta que es «muy buena y no da nada de guerra».
María -nombre figurado por expreso deseo de la protagonista de esta peripecia judicial que, por el momento, rechaza también salir en una foto para no sentirse señalada- está llamada a personarse el próximo miércoles 30 de octubre en la cárcel de Burgos para cumplir una pena de seis meses de internamiento o en caso contrario el juzgado decretará su busca y captura.
No habrá que llegar a ese extremo. María tiene intención de cumplir puntualmente con esa orden pero es tajante en que su hija tiene que acompañarla a la cárcel porque la pequeña aún toma el pecho, tiene que someterse a control pediátrico periódico y es absolutamente dependiente de su madre. Y María insiste, además, en que como se la ha condenado a pasar seis meses en la cárcel de Burgos quiere que la condena se cumpla en su ciudad para poder estar cerca de sus otros dos hijos de 7 y 12 años.
Por casualidad
Esta joven madre está llamada a ingresar en un centro penitenciario masculino porque no pudo pagar una multa de 1.500 euros que se le impuso, a ella y a su expareja, por quebrantar «sin querer» una orden de alejamiento que se decretó porque ella sufrió malos tratos. «El primer día de las vacaciones de verano del colegio nos encontramos por casualidad y él iba con mi hijo pequeño, que le tocaba esos días, pero el niño quiso venirse conmigo».
El encuentro fortuito derivó en una discusión a voces en plena calle y alguien oyó la disputa y llamó a la Policía Nacional. «Seguramente un vecino», aventura, «porque en esos días se hablaba mucho de violencia de género en la televisión».
«Se presentaron cinco coches patrulla», recuerda, «y querían llevarse a mi expareja en uno, a mí en otro y a mi hijo de 7 años en otro coche. Y me resistí», confiesa. María se negó a que su hijo, después de la riña, se quedara solo entre extraños, en un coche patrulla como si hubiera hecho algo malo. «Actúe como madre, sin pensarlo», reconoce.
De aquellas actuaciones policiales derivó una sentencia judicial en el año 2011 que condenaba a María y a su ex a sendas multas.
María era y es insolvente. Sus hijos mayores tienen que vivir con sus padres que se encargan de ellos y le ayudan económicamente y ella con esfuerzo mantiene a su hija pequeña, con la que vive en un piso compartido. Por tanto no pudo abonar la multa.
Para colmo, cuando le llegó aquella sanción no pudo conmutarla por trabajos a la comunidad ya que se encontraba embarazada de la niña ni pudo posponerlos para después del parto. Así, la multa empezó a generar intereses mientras la abogada de María solicitaba un indulto al Gobierno que tardó más de nueve meses en pronunciarse. Para entonces ya había nacido la niña, con lo que le fue denegado.
Mientras esperaba, le había llegado una comunicación para que ingresara en la cárcel de Valladolid para cumplir los seis meses por romper la orden de alejamiento y no pagar la multa. Demostró que estaba pendiente de indulto y se suspendió el ingreso en prisión. Legalmente ha agotado todo el recorrido y sólo le queda plantarse en la puerta de la cárcel con la niña para evitar males mayores.