La Junta se obliga por ley a fijar zonas y sectores industriales prioritarios
Diseñará cada legislatura un Plan de Promoción con la financiación adecuada.
Imagen del montaje de furgonetas en la fábrica de Iveco.
«La relevancia para Castilla y León de la actividad industrial es indudable». Con esta declaración de principios comienza la primera ley de Industria de Castilla y León que el Gobierno autonómico está a punto de enviar a las Cortes. Son 46 artículos con los que la Junta pretende llenar un vacío obligada en parte por la normativa europea de liberalización de servicios y seguridad industrial, y en parte por la necesidad de reforzar la competitividad del sector secundario de la economía.
La principal novedad de este anteproyecto de ley que está ya debatiendo el Consejo Económico y Social es la obligación del Ejecutivo autonómico de presentar en cada legislatura un Plan Director de Promoción Industrial que identifique los sectores, ramas y territorios prioritarios. «Este plan establecerá su duración temporal, los medios financieros utilizables para tal fin, su forma de empleo y los organismos competentes para su desarrollo», al tiempo que «contemplará un sistema de evaluación continua» que permita valorar su cumplimiento y si se han conseguido los objetivos.
El plan no será algo cerrado e inmutable. La ley establece la posibilidad de crear programas territoriales a la carta ante necesidades imprevistas de reindustrialización o para dar respuesta a zonas en declive.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León podrá decretar, «previa justificación de razones de interés general», la prioridad de proyectos industriales no incluidos en plan director. ¿Qué supone esta declaración especial? La posibilidad de implantar o ampliar una industria sin necesidad de una solicitud posterior, la consideración de utilidad pública e interés social en el caso de expropiaciones, la mayor agilidad en la concesión de subvenciones y otras facilidades a efectos de servidumbres de paso, líneas de transporte, distribución de energía y canalizaciones de líquidos.
La ley de Industria se hace eco de la directiva europea de Servicios y de la normativa estatal que elimina los visados de proyectos que venían haciendo los colegios profesionales, sustituyéndolo por una «declaración responsable» sujeta a control de la Junta, motivo por el cual se crea un registro industrial. El titular de la industria debe manifestar en esta declaración que cumple con los requisitos legales, que dispone de la documentación que lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento mientras dure la actividad.
La primera normativa integral de la Industria autonómica dedica buena parte de su articulado a la calidad, siempre con el reto muy genérico de «eliminar obstáculos injustificados a la actividad económica».
Esta apuesta por la liberalización encuentra su contrapunto en la seguridad industrial, uno de los objetivos de la Ley. Al respecto, precisa los deberes y responsabilidades de los titulares de industrias e instalaciones. También regula la figura de los proyectistas y directores de obra, que deberán disponer de un seguro de responsabilidad profesional que cubra los posibles daños causados en el ejercicio de la actividad.
La ley se plantea como objetivo la regulación y fomento de la actividad del sector. Hay un importante bloque de actividades industriales que están reguladas por esta ley en aquello que no prevea su normativa específica. Es el caso de la minería, la generación y distribución eléctrica, la industria alimentaria, la fabricación de armas y explosivos, la industria cultural, la farmacéutica, la nuclear y el turismo.