Diario de León

Los deudores concursados aumentan un 33% en Castilla y León

El incremento a nivel nacional se sitúa en el 11%, con 1.907 deudores, frente a los 88 registrados en la comunidad

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Ical

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Los deudores concursados aumentaron un 33,3 por ciento en Castilla y León en el tercer trimestre del año, al alcanzar la cifra de 88, frente al incremento nacional que, con 1.907 deudores, se situó en el 10,9 por ciento, según los datos datos provisionales recogidos en la Estadística del Procedimiento Concursal publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con estas cifras, la Comunidad fue la cuarta autonomía con mayores incrementos porcentuales entre julio y septiembre, superada sólo por Extremadura, donde el dato subió un 84,2 por ciento; Principado de Asturias, un 67,9 por ciento, y la Región de Murcia, un 41,7 por ciento. En términos absolutos, Castilla y León fue la séptima autonomía con mayor volumen de deudores concursados, por detrás de Cataluña (421), Madrid (263), Comunidad Valenciana (239), Andalucía (212) y Galicia (125).

Por tipo de concurso, en la Comunidad, la mayor parte fueron voluntarios, 85, y 3, necesarios. En cuanto al procedimiento, 21 fueron ordinarios y 67, abreviados. Por lo que respecta a la naturaleza jurídica, de los 88 deudores concursados, 10 eran personas físicas sin actividad empresarial, mientras que los 78 restantes eran empresas (4, personas físicas; 10 sociedades anónimas, 58 sociedades de responsabilidad limitada y 6 de otras categorías).

En cuanto a la actividad económica principal a la que se dedicaban las empresas, la industria y la construcción encabezaron la lista de los procesos. En concreto, la industria acumuló 18 deudores concursados (11 se correspondieron con bienes intermedios; 2, con bienes de capital; 3, con bienes de consumo duradero, y 2, no duradero). Por su parte, la construcción sumó 17, con 12 dedicadas a la edificación y la promoción inmobiliaria, y 5 al resto. En el comercio al por mayor se vieron afectadas 12 empresas; junto a 3, dedicadas al transporte y almacenamiento, 5 del sector de hostelería; 3, del sector de información y comunicaciones; una del de energía; 4, del de inmobiliarias financieras y seguros, al igual que en actividades profesionales, 3 del de actividades administrativas y servicios auxiliares, junto a otras 3 del resto de servicios y cinco sin clasificar.

Por lo que respecta al número de trabajadores en nómina, las empresas más afectadas por estos procedimientos fueron las compañías de entre 3 y 5 asalariados, con 18, seguidas por las de entre 6 y 9 y las de un único empleado. En cuanto a su volumen de negocio, 19 empresas tenía hasta 250.000 euros; 10, entre 250.000 y 500.000; otras 14, entre 500.000 y un millón; 9, entre uno y dos; 10, entre 2 y 5; 2, entre 5 y 10 millones, y seis superaban los 10 millones.

En cuanto al tramo de antigüedad, de las 78 empresas concursadas 22 tenían 20 años o más, seguidas por las de entre cinco y ocho, con 15, y las de entre 13 y 16 y las de entre 9 y 12 con 12 y 11, en cada caso.

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