Pueblos en almoneda

Los mapas de rendición de cuentas municipales dibujan un horizonte inquietante para el patrimonio de muchos pueblos, que verán esfumarse sus bienes comunales porque su ayuntamiento no ha cumplido las obligaciones presupuestarias. Sin duda, es una forma estrafalaria de aplicar responsabilidades. Porque su peso no se deriva, por ejemplo, a los partidos políticos, que reciben millonarias aportaciones por ejercer su función en Madrid y en Carrocera, sino a las víctimas del descuido de sus políticos, que en este caso son los pueblos y sus vecinos. Si llegara a fructificar el despojo, padecerían un castigo del recochineo. Primero, sufriendo la inepcia de sus gobernantes, y después, la pérdida de un patrimonio milenario.

Es verdad que la deriva razonable resultaría demoledora para los partidos, que sumarían al déficit de sus cuentas la carga de una gestión pública catastrófica. Pero esa imputación sí parece adecuada. Lo disparatado es atribuir al patrimonio de los pueblos el lastre de unos transeúntes colocados por sus organizaciones al frente a los ayuntamientos. Empezando por Madrid y Barcelona, desde luego, que son los ayuntamientos que acumulan más de la mitad de la deuda del mapa municipal español. En cualquier caso, lo que no puede ser es que se trate de tapar agujeros y hacer caja con los bienes comunales de los pueblos gestionados sin alboroto por sus juntas vecinales.

Pero en este escenario de perillanes y buscavidas, la arrogancia de ser solvente puede acabar saliendo cara. En concreto, a Castilla y León apartarse de la senda de los pedigüeños, le va a suponer un mordisco de casi setenta millones en el pago de intereses. Y todo, por mostrarse capaces de negociar préstamos sin recurrir a la hucha de Montoro, de donde cobran Artur Mas y Cospedal. Se trataba, al parecer, de evitar los controles y trabas de ser una administración tutelada. Pero luego, Montoro se va al cine y con ese entretenimiento olvida los filtros, de manera que Mas marcha a predicar en Jerusalén y doña Cospe prolonga su veraneo en Madrid. Mientras, los cuatros cumplidores del mapa autonómico a sufrir las inclemencias de la deuda. Porque no hay cuenta más liviana que la que no se piensa pagar.

Es verdad que en el escrutinio de la calamidad de las Cajas de Ahorros Cataluña nos lleva ventaja, poniendo de manifiesto que su parlamento sí tiene capacidad y autonomía para ocuparse de un asunto que angustia a miles de víctimas. Por allí desfilan directivos de las entidades de ahorro que dinamitaron la confianza de su clientela. El aterrizaje político acabó con nuestras Cajas y estranguló el ahorro de los clientes más fieles, sin que nadie se haya ocupado de resarcir a estas víctimas atribuladas e indefensas. Ni los partidos, que vieron cómo sus pajes desvalijaban las entidades, ni las instituciones con representación y responsabilidad en la gestión de la catástrofe: ayuntamientos, Cortes, universidades, patronal y sindicatos. Juntos disfrutaron aquel jolgorio de prosperidad y ahora, con la ruina consumada, miran para otro lado. A las víctimas las usaron para salvar la pasta de inversores atrapados en la trampa de las preferentes. Sin informar de ningún riesgo, porque el interés que pagaban a los viejos ahorradores era el mismo de sus plazos fijos. Un tres y medio por ciento. Y todavía ahora les niegan la documentación con la que se urdió el engaño.