La ayuda social anticrisis funcionará hasta que la economía crezca un 2%
Respaldo político unánime a la Red de Apoyo a las familias, que suma un millón más.
Villanueva, Marcos, Herrera, Fernández Carriedo, López y González, durante la reunión celebrada ayer.
La teoría clásica sostiene que una economía es capaz de crear empleo cuando el PIB crece, al menos, al 2% interanual. Y ese es el porcentaje que la Junta ha establecido como horizonte para mantener algunas de las medidas concebidas para auxiliar a las personas más sacudidas por la estrechez económica.
«Son medidas urgentes derivadas de una situación excepcional», indicó ayer la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, en una comparecencia convocada para anunciar que la llamada Red de Protección a las familias afectadas por la crisis saldrá adelante con el respaldo de los tres grupos parlamentarios con representación en las Cortes. El Decreto-ley que alumbrará esta naciente red será aprobado previsiblemente hoy durante el Consejo de Gobierno.
Los portavoces del PP, PSOE e IU se reunieron ayer por la mañana con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que justo hace un mes anunció la creación de este instrumento para responder de forma coordinada a las «dramáticas situaciones» que viven muchas familias en la Comunidad.
Marcos calificó este «acuerdo político» como un «proyecto de Comunidad» que tras cosechar el consenso entre los profesionales del sector ahora también respaldan los grupos de la oposición.
Además, la consejera ensalzó que este instrumento de ayuda –que aglutina 23 programas de atención social– alcanzará «el máximo rango normativo» al tomar forma de Decreto-ley. «Tendrá el mismo rango que la propia Ley de Servicios Sociales», recordó Milagros Marcos. Y puso de manifiesto que «éste es el principio de una nueva forma de trabajar que permitirá aplicar la llamada democracia de inclusión», que consiste en «conseguir una respuesta única, integrada y rápida» a las necesidades que plantean los ciudadanos.
Más agilidad
El rango de ley permitirá, además, agilizar la tramitación parlamentaria, de modo que el proyecto podría quedar refrendado en la siguiente sesión plenaria de las Cortes.
En octubre, Herrera anunció que la nueva red gestionará el próximo año 145 millones, aunque finalmente serán 146, porque el acuerdo político contempla el compromiso de modificar el presupuesto de 2014 para incrementar en un millón de euros las partidas vinculadas a los programas de inclusión social desarrollados por las corporaciones locales, según indicó la consejera.
Es una de las «mejoras» del proyecto acordadas durante las reuniones que en las últimas semanas han celebrado los representantes de los grupos parlamentarios, durante un proceso «negociador y diálogo definido por la responsabilidad y el entendimiento», contextualizó la titular de Familia.
Otra novedad será la colaboración con la Red Centinela del Sistema de Protección a la Infancia, un sistema de vigilancia creado hace más de dos años y que permitirá detectar e intervenir en situaciones de pobreza y desnutrición infantil. En estos encuentros también se pactó la necesidad de someter el funcionamiento de estos programas a la máxima «transparencia y control político». Así, una comparecencia anual en las Cortes «evaluará la el sistema de Renta Garantizada y la propia red». Con la misma periodicidad, la Junta enviará al Procurador del Común un informe con las incidencias registradas.
El mejorado proyecto incorpora varias medidas que pretenden «intensificar la difusión» de los programas que aglutina. Por ejemplo, se ha acordado que los Servicios de Apoyo asesoren a las familias en riesgo de desahucio de sus posibilidades para «acceder de forma temporal a viviendas disponibles de promoción pública». Además, «los profesionales informarán a los usuarios de la posibilidad de acudir al Procurador del Común para defender sus derechos».
También contempla que los futuros planes regionales de empleo dispongan «medidas extraordinarias» para contratar a las personas más vulnerables, especialmente los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía. A la reunión de ayer acudió el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, quien aseguró que, en el marco del Plan de Estímulo, «se considerarán como preferentes estos perfiles». «La mejor solución sería encontrarles un empleo», aseveró.