La Junta restringe el acceso a la Renta a asesinos y violadores excarcelados
Es la primera comunidad autónoma en vetar por ley el subsidio a estos condenados.
El consejero portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, y la consejera Milagros Marcos.
La excarcelación de terroristas, asesinos y violadores al amparo de la anulación de la doctrina Parot ha generado una alarma social que puede intensificarse cuando los presos liberados accedan a subsidios públicos, a los que tienen derecho con la legislación vigente en la mano.
Para evitarlo, UPyD y el PP movían ficha el miércoles en el Congreso, y ayer Castilla y León se convertía en la primera Comunidad en modificar su normativa con el objeto de restringir el acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía a los condenados por delitos muy graves.
En el decreto-ley que regula la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis –aprobado ayer por el Consejo de Gobierno–, la Consejería de Familia ha introducido un artículo ad hoc. Determina que la concesión del derecho subjetivo a la prestación de 426 euros, para quienes han sido «condenados por delitos contra la vida o contra la libertad sexual», quedará condicionado a que hayan satisfecho «la responsabilidad civil declarada en sentencia».
En virtud de esta regulación, Pedro Luis Gallego, violador y asesino de Marta Obregón y Leticia Lebrato, excarcelado hace una semana, no podría acogerse a la Renta por no haber pagado las indemnizaciones a sus víctimas impuestas por el juez. Y algo similar ocurriría con Valentín Tejero, asesino de Olga Sangrador, cuando salga de prisión.
En el Congreso de los Diputados, a propuesta de UPyD, el PP dio su apoyo el miércoles a una moción, por la que insta al Gobierno a efectuar los cambios legales necesarios para que un terrorista no pueda acceder a subsidios o a un cargo público si no pide perdón, colabora con la justicia y paga sus indemnizaciones. Algunos grupos del Congreso no lo han apoyado arguyendo dudas sobre su constitucionalidad. Según la consejera de Familia, Milagros Marcos, la modificación normativa realizada ahora por la Junta no presenta ninguna laguna legal.
El decreto-ley que crea la Red de Protección, nacido del «consenso social y político», modifica las reglas de acceso a la Renta Garantizada para «cubrir las necesidades de nuevos colectivos», según remarcó la consejera, quien añadió que hoy mismo entrará en vigor y será convalidado en las Cortes en el pleno de la próxima semana.
Entre las novedades más significativas, están las excepciones sobre los requisitos de renta de los solicitantes. No computarán como patrimonio e ingresos los «inmuebles, terrenos rústicos, algunos vehículos y productos financieros como las preferentes» cuyo propietario no pueda convertir en cash por la coyuntura económica. Tampoco tendrá en cuenta Familia las retribuciones por una actividad laboral puntual, siempre que su horizonte temporal no exceda los seis meses y su cuantía no supere los 426 euros al año.
Sobre las medidas de apoyo al empleo, la Junta no exigirá la inscripción como demandantes de empleo a cuidadores familiares de dependientes o a quienes cursen una actividad formativa.
Con la integración de recursos públicos (145 millones en 2014) y privados, el Ejecutivo de Herrera espera dar cobertura a más de 100.000 personas, más de una cuarta parte a través de la Renta. La Red de Protección se completa con otros 22 programas, consagrados por ley, vinculados con la vivienda, ayudas de emergencia o suministro de alimentos. Todo con el objetivo de «paliar los efectos del empobrecimiento, prevenir la exclusión y mantener los niveles de cohesión social», resumió Marcos.