El PP no sabe a qué administración le asigna la gestión de servicios sociales

La reforma local del Gobierno enfila la recta final de una larga y compleja tramitación parlamentaria. El próximo martes, 26-N, finaliza en el Senado el plazo de presentación de enmiendas al proyecto legislativo. Y el Grupo Popular, el único que tiene en su mano aprobar o rechazar modificaciones, exprime las últimas horas intentando encajar peticiones y conciliar intereses a veces opuestos. Eso le va a ocurrir al grupo de senadores del PP por Castilla y León, que se verá en la encrucijada de decidir a qué administración asigna las competencias de los servicios sociales de proximidad, punto clave de fricción entre la Junta y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Con la redacción actual de la reforma local, funciones como la teleasistencia o la ayuda a domicilio están repartidas entre las corporaciones locales –encargadas de evaluar e informar sobre las necesidades de atención social– y las comunidades –que deberán prestar la asistencia–. Según el criterio defendido por el Gobierno autonómico, esta división implica una «duplicidad», que le obligará a doblar la red de Centros de Acción Social (Ceas) y la plantilla que los atiende, lo que le costaría 51 millones de euros. Lo que defiende la Junta, y así se lo ha pedido al PP para que lo incorpore vía enmienda, es que se mantenga el modelo actual: que ayuntamientos y diputaciones sigan gestionando estos servicios de proximidad, con apoyo económico de la Comunidad.

Por el contrario, la FEMP insistirá en que no se admita esa enmienda, bajo el argumento de que si esa competencia se asigna a las entidades locales y se altera la distribución competencial que plantea la reforma local, la ley se pervertirá: «Sería autonómica y no municipalista y no atendería al principio de una administración, una competencia».

Fuentes de la FEMP precisan que para acatar la ley en Castilla y León bastaría con mantener el actual sistema de convenios entre la Junta y las corporaciones locales pero –y ahí está la diferencia sustancial–, al ser la administración autonómica la competente en Servicios Sociales, se haría cargo de su financiación íntegra, y no como hasta ahora, que aporta «en torno al 10% del coste real de su prestación», afirman.

La colisión

No acaba ahí la colisión de intereses entre el Gobierno autonómico y la Femp. Con las enmiendas incorporadas en el Congreso, la Junta consideró satisfechas «el 70%» de sus peticiones: ganó tiempo (tres años) para asumir las competencias de las residencias de mayores y se liberó de asumir el mantenimiento y financiación de los 3.600 consultorios rurales. Pero sobre este último punto hay divergencias de interpretación con la FEMP. La enmienda que incorporó el PP al proyecto en la Cámara Baja precisaba que «Son competencias propias de la diputación (...) la coordinación mediante convenio con la comunidad (...) de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza». La Junta dice que la redacción es «clara» y que sus funciones se limitan «como hasta ahora» a dotar al consultorio de médico y enfermera. La FEMP replica que «la competencia es autonómica» y, por tanto, que la comunidad «debe financiarlo», pero defenderá que «se elimine la figura de la ‘coordinación’». Administración autonómica y FEMP van de la mano en la defensa de la personalidad jurídica de las entidades locales menores, condición de la que las despoja la reforma local. Ese pleito enfrenta dos visiones de la situación. El Gobierno de la Junta blindó estas entidades y ha sido muy crítico con la reforma local.

Ante el reto de hacer este encaje de bolillos, el Grupo de senadores del PP de Castilla y León trabaja en la redacción de las enmiendas, según fuentes populares, intentando dar cabida en ellas al «30% de peticiones de la Junta» que no quedaron satisfechas durante la tramitación del proyecto en el Congreso.