Una ley-paraguas para un chaparrón de medidas
La andanada | pedro vicente
Pese a que la Junta ahora la comparte en un 90 por ciento, la reforma local de Montoro sigue produciendo quebraderos de cabeza al gobierno de Juan Vicente Herrera . El ejecutivo de la comunidad llevaba ayer al pleno de las Cortes una oferta de consenso para uniformar en una ley la reforma de la administración autonómica. Y se encontró con el aviso de que el trabajoso consenso alcanzado sobre la Ley de Gobierno y Servicios del Territorio puede irse al garete, ya que la otra parte contratante, el PSOE de Castilla y León, considera incompatibles ambas reformas. «Si la reforma local se aprueba como está, va a ser muy difícil acordar el mapa de servicios de la comunidad», advirtió el portavoz socialista Óscar López en su enésima pregunta realizada al presidente de la Junta en torno a los recortes presupuestarios aplicados por el gobierno del PP.
El turno de preguntas parlamentarias se vio precedido ayer por una comunicación acerca de las reformas emprendidas en la administración autonómica. Un asunto poliédrico del que dio cuenta de forma prolija del consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez , quién realizó el balance de lo ya realizado y enunció lo que queda pendiente, que no es poco. En principio 66 propuestas de distinta naturaleza, tan distinta que formarían parte de lo que el consejero llamó una «ley paraguas» que implicaría la modificación parcial de una docena de leyes autonómicas en vigor. Un chaparrón de medidas al margen de la citada ley de «ordenación territorial», que conlleva por sí misma una profunda reforma administrativa.
La iniciativa fue acogida con más que escepticismo por parte de la oposición, que no se fía de lo que puedan encubrir algunas de esas medidas, recela de otras inducidas por el informe Cora y no está nada satisfecha de la forma en que la Junta ha abordado la reestructuración del llamado «sector público» de la comunidad. «Se ha escondido mucho debajo de la alfombra», dijo el socialista José F. Martín respecto al proceso de fusiones y liquidaciones de entes y empresas públicas. «Han actuado como bandoleros», llegó a decir, expresión que posteriormente retiró a petición del consejero. De Santiago-Juárez cifró en 18 millones de euros el ahorro conseguido mediante dicha reestructuración, que en lo esencial -la reducción al 50 por ciento del sector público- se da prácticamente por concluida.
«Diremos sí siempre que se preste mejor servicio al coste actual o el mismo servicio a menor coste», repitió hasta en tres ocasiones el consejero para aclarar la posición de la Junta ante las propuestas planteadas por el Cora, con relación al cual ha solicitado una reunión de la comisión bilateral de cooperación con el gobierno central.
Para el procurador de IU, José María González , está demostrado que, so pretexto de la racionalización y de la austeridad, se está produciendo «un golpe de estado permanente hacia lo público», un argumento que rechazó el consejero esgrimiendo la acreditada calidad de los servicios esenciales de la administración autonómica. Y mientras González y el leonesista Valderas ven en el Cora un ataque en toda regla al Estado de las Autonomías, De Santiago-Juárez sólo ve «recomendaciones» que pueden ser aceptadas o no.
Pese a las notables discrepancias de partida, todos aceptaron la oferta de diálogo para tratar de consensuar antes de abril esa ley-paraguas que la Junta quiere tramitar, con acuerdo o sin acuerdo, por la vía de urgencia.
Veremos entonces en qué queda el chaparrón.