Del Olmo pide a todas las consejerías un informe ante la ‘guerra’ de la financiación

El comité de evaluación que sentará las bases para la negociación del futuro modelo de financiación autonómica celebrará su primera reunión a la vuelta de Navidad y la Junta quiere sentarse a debatir con cifras objetivas, sin eslóganes políticos.

Por eso, la responsable de Hacienda, Pilar del Olmo, ha encargado a sus compañeros de Gobierno la elaboración de «informes técnicos» para cuantificar el «coste adicional» que le supone a la Junta prestar servicios en Castilla y León, conforme a sus singularidades territoriales, demográficas y de otra índole.

La consejera presentará este estudio a las fuerzas parlamentarias –con las que mantiene abierto un grupo de trabajo– y a la sociedad civil para sumar aportaciones. Su intención es cerrar un documento, avalado por el consenso «político y social», que oficializará ante el Ministerio de Hacienda.

Precisamente a recoger ideas fue ayer Pilar del Olmo a la sede del Consejo Económico y Social (CES). Allí expuso en primer lugar –haciendo gala de sus dotes pedagógicas– los vicios del modelo vigente, que ha dejado «de media» un agujero anual de «654 millones» en la caja de los ingresos, en cinco años de vigencia.

¿Por qué perjudica ese sistema a Castilla y León? La consejera aportó tres razones. La primera: el alto porcentaje de cesión de impuestos (el 50% en IVA e IRPF) «distorsiona» el reparto, en la medida en que favorece a autonomías más dinámicas y donde tributan las rentas más altas.

Tampoco es positiva la distribución de recursos del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, ya que los factores no poblacionales tienen un «peso muy bajo». Y, por último, llamó la atención sobre el paquete de tributos cedidos, «agotado» en su capacidad recaudatoria, y sobre la «distorsión sobre la unidad de mercado» que provoca el ‘céntimo sanitario’.

Realizado el diagnóstico de situación sobre un modelo de financiación «complejo y poco transparente» –apostilló–, la responsable de la Hacienda autonómica resumió las dos máximas que defenderá la Junta ante su reforma.

La primera está en el Estatuto: que el reparto de recursos no puede hacerse per capita , sino en función de variables como el envejecimiento, la dispersión, la densidad demográfica o la extensión del territorio. Para muestra, dos botones:_la atención sanitaria es cinco veces más costosa en un mayor de 75 años que en una persona de entre 15 y 45; y el gasto medio de profesor por alumno en el medio rural duplica al ocasionado en la ciudad.

Segunda premisa. El modelo de financiación debe cubrir también el gasto de servicios públicos no esenciales, y aquí se encuadran las carreteras, el patrimonio artístico y natural, o la prevención de incendios. «De la conservación de Parques Naturales no se benefician sólo los ciudadanos de Castilla y León y es injusto que se pague sólo con nuestros impuestos; y el mantenimiento de carreteras es esencial, porque por ellas pasan ambulancias y autobuses escolares», razonó la consejera.

Con este punto de partida, el Ejecutivo de Herrera se afanará en concienciar a la sociedad de lo «mucho» que «se juega» Castilla y León ante una negociación –la segunda que dirigirá Pilar del Olmo–, marcada por «tensiones con el Gobierno».