UGT pide convocar urgentemente la mesa de negociación para devolver la extra a los funcionarios
El sindicato opina que 2013 ha consolidado los recortes legislados el año anterior y advierte de que este «desprestigio» hacia lo público es la primera señal de «privatización»
La secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carmen Amez, pidió hoy a la Junta la convocatoria “urgente” de la mesa de negociación de la Función Pública, con los órganos legitimados, para hablar de la devolución de la parte prorrateada de la paga extra de 2012 a los empleados públicos, algo que otras comunidades autónomas ya han hecho.
La Consejería de Hacienda se mantiene a la espera tras las declaraciones del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que anunció en diciembre que recurrirá la decisión de la Junta de devolver la parte devengada, si bien la consejera Pilar del Olmo aseguró que si finalmente el Gobierno regional tenía que pagar las costas del proceso y los intereses de demora reclamará esa cantidad al Ejecutivo central, que fijó ese Real Decreto.
Al respecto, Carmen Amez tachó de “actitud de prepotencia” las palabras de Beteta y recordó que este pago es “un derecho de los empleados públicos”. No obstante, remarcó que este proceso ya está judicializado y que para la Junta será más costoso tener que devolver la parte proporcional de la extra y pagar las costas de los procesos que frenar el chorreo de este tipo de procedimientos por parte de los trabajadores de la administración. “La Junta tiene que pagar en algunos casos hasta 800 euros de costas. Vale más eso que lo que deben pagar al empleado”, dijo Amez, quien añadió que si del Olmo hubiera tenido interés en abonar esa parte, “ya lo habría pagado”.
La responsable sindical consideró que es una “inmundicia” de dinero, ya que lo cifró entre 200 y 400 euros para la mayoría de los empleados públicos y entre 260 y 600 euros para los de grado III en sanidad, “que son unos pocos elegidos”. “Habría que hablar de cosas serias”, criticó Amez, quien rechazó la posibilidad de que se fraccione el pago a trabajadores que perciben un salario de 900 euros al mes y reclamó el pago en un sólo bloque, a no ser que en la mesa de negociación la Junta señale que “hay réditos por la tardanza en los pagos”. “Si se divide el pago de 200 euros en dos, los perceptores ni los ven, por lo que les quitan de IRPF”, denunció.
Desde UGT avanzan que la medida para cobrar esta parte prorrateada no implica que el sindicato quite la demanda por la eliminación de la paga extra. “Una cosa es la parte proporcional y otra esto, que es anticonstitucional. Un Gobierno coherente tiene que arbitrar medidas generales para recuperar el nivel de déficit, pero no atentar contra los derechos de los empleados públicos”, destacó.
Desprestigio hacia la privatización
Además de la petición urgente de la mesa de negociación, UGT hizo balance del año 2013 entre el colectivo de lo público. Así, Amez lamentó que el pasado año se han consolidado los recortes legislados en 2012, “con una línea roja marcada por el Gobierno” que preocupa entre los sindicatos “porque ha utilizado a los trabajadores de la administración como moneda de cambio político”. Además, advirtió de que este “desprestigio” hacia lo público es la primera señal de “privatización” y adelantó que estarán atentos “para que no haya ciudadanos de primera, segunda y tercera”.
Entre estas cuestiones denunciadas por el sindicato se encuentran los días de libre disposición que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, devuelve a los empleados públicos. “Esta retirada demuestra que era una carga contra los trabajadores sin precedentes. Podemos entender que sea costoso en Sanidad, pero en el resto...”, indicó.
En 2013, lamentó también que la tasa de reposición fue nula tanto por jubilación, vacaciones y oposiciones, cuando debería ser de un diez por ciento en sanidad y educación, lo que provoca que “los jóvenes pierdan las expectativas de trabajar en Castilla y León”.
Igualmente, Amez recordó que se congeló el salario de los empleados públicos por cuarto año consecutivo y que venían de una rebaja del cinco por ciento y la supresión de la propia paga extra. Además, en sanidad no ha existido el acceso a la carrera profesional y no han cobrado la productividad variable de 2011. En conclusión, alertó de la “pérdida de capacidad de servicios, con menos gente para atender al menos a la misma población y con las mismas tecnologías”.
“La sanidad queda muy tocada”, denunció.
Durante el ejercicio que acaba de concluir, recordó Amez que se han aplicado dos expedientes de regulación de empleo, en el Ecyl, con más de 60 trabajadores afectados, y en la Fundación Siglo, “con ausencia de negociación, únicamente información en la que se enteraban antes los medios de comunicación”. “Era impredecible un ERE entre los trabajadores públicos”, aseveró.
Por otro lado, citó el cierre de servicios públicos como las urgencias, que “tuvieron que reabrir porque no ganaban económicamente”, así como a las de determinados centros geriátricos que “se cerraban con la disculpa de obras y quedaban permanentes”. También en residencias juveniles. No olvidó la imposibilidad de restaurar la cláusula de ultraactividad en algunos convenios y la nueva reforma local, con la que se prevé pérdida de empleos en los ayuntamientos. Igualmente, criticó que algunos servicios de Bomberos no estén profesionalizados y demandó que los voluntarios se supediten únicamente a las necesidades de cada momento en las comunidades autónomas.
De cara a 2014, Amez confió en “un cambio importante en la administración para evitar que el desprestigio público lo paguen los ciudadanos”. “Esperemos que no sea así”, finalizó.