La Junta ve lógico que el Ministerio se persone contra el copago farmacéutico

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, afirmó ayer que ve lógico que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se persone como parte demandada entre el proceso promovido por la Junta de Castilla y León contra el denominado copago farmacéutico hospitalario en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid. A partir de hoy se abre un plazo de nueve días para que el Ministerio participe en el procedimiento sobre la modificación de las condiciones de financiación de los medicamentos que se dispensan en los hospitales.

«Es normal que, como parte demandada, tenga algo que decir. Es razonable, a nosotros nos pasaría lo mismo», sentenció, para añadir que de las conversaciones que pudo mantener este fin de semana con la responsable del Ministerio, Ana Mato, en la Convención Nacional del PP, no vislumbra posibilidades de llegar a un acuerdo. «Las administraciones no siempre nos entendemos», dijo.

En todo caso, recordó que esta cuestión no es un antojo de la Junta, ya que ninguna autonomía está aplicando el copago, pese a que está en vigor desde el 10 de octubre de 2013. «Esto me hace pensar que las cosas no se han hecho demasiado bien», insistió para recordar que su departamento, que asumirá el coste de estos fármacos, trabaja en una fórmula para compensar a los cerca de 8.500 pacientes que podría estar en lista en las próximas semanas.

En principio, la Consejería ha descartado la propuesta de UpyD de que sea a través de una reducción en el IRPF, pues sería «exclusiva» para quienes no presenta la declaración y, además, se les reportaría a año pasado. Se está estudiando el reintegro del gasto, igualarlo como prestación propia de la Comunidad o vía subvención. «Los servicios técnicos están estudiando cuál es la mejor fórmula y la menos compleja», resumió el consejero que ayer visitó el Centro de Investigación en Discapacidad Física de Aspaym.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer una resolución de la Secretaría General Técnica, que está dirigida a todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado por la Junta ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, que a finales de enero desestimó la suspensión cautelar del copago hospitalario que pedía el Gobierno autonómico.

La Consejería de Sanidad calculó que el número de pacientes afectados en Castilla y León era de 8.453 y la estimación del impacto máximo previsto de la implantación de la aportación en la dispensación ambulatoria en servicios de farmacia hospitalarios de Castilla y León era de 200.000 euros, un 0,07% del gasto farmacéutico hospitalario.

El argumento de la Administración autonómica era que la aplicación de esa resolución del copago hospitalario iba a generar «distorsiones y desigualdades» en el acceso de los pacientes a la prestación farmacéutica en los hospitales.