Diario de León
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La andanada | Pedro Vicente

T arde de reencuentro la de ayer en el hemiciclo de Villa del Prado casi dos meses después de la anterior sesión plenaria, que fue aquella que aprobó los Presupuestos para el presente ejercicio. Tocaba ponerse al día y el portavoz socialista, Óscar López , al hilo del notorio cabreo de la Junta con el ministro Montoro , preguntó a Juan Vicente Herrera sobre el estado de «los distintos agravios padecidos por la comunidad por parte del Gobierno de la nación».

A modo de introducción, López recorrió lo que llamó «mapa del destrozo en Castilla y León», reseñando un amplio catálogo de los recortes y conflictos entre ambos gobiernos. «Ya no cuela lo del poli bueno y el poli malo», dijo López, instando al presidente de la Junta a que se plante y recurra por ejemplo la reforma local, más conocida como Ley Montoro.

A decir verdad, el presidente no negó la mayor. Admitió que «hay muchas decisiones que no nos satisfacen y las estamos combatiendo». Eso sí, de una forma leal: «Lo que no nos pueden pedir es la insumisión», dijo en clara alusión al conflicto del copago farmacéutico. Y lo que sí que hizo Herrera fue devolver a López la metáfora del poli bueno y el poli malo, referida a los problemas de interlocución que ocasiona a la Junta la bicefalia socialista. Eso y también recordar que en ningún acuerdo firmado entre su gobierno y el PSOE figura que la Junta tenga que recurrir la reforma local de Montoro.

Terreno mas vidrioso pisó el procurador de IU, José María González , al vincular en su pregunta la preocupación ciudadana por la corrupción con los informes del Consejo de Cuentas que detectan «una larga lista de irregularidades» en los procedimientos de contratación pública. Herrera rechazó tajantemente dicha vinculación. «No pueden confundirse posibles defectos administrativos con presuntos casos de corrupción», asegurando que el cumplimiento de la legalidad «está en el ADN de la Administración Autonómica». La respuesta no convenció a González y mucho menos después de que la fiscalía de Valladolid haya solicitado al Consejo de Cuentas documentación sobre el presunto fraccionamiento irregular de una serie de contratos de la consejería de Economía.

Terminadas las preguntas al presidente, se alteró el turno de las restantes para adelantar la realizada por el socialista Fernández Cardo sobre la restauración de los antiguos cielos abiertos en Laciana y Babia. Era una deferencia hacia la alcaldesa de Villablino, María Luis Durán , y un grupo de trabajadores presentes en la tribuna de invitados. El procurador quería arrancar el compromiso de la Junta de contar con los trabajadores en paro que se ocuparon de dicha restauración hasta la quiebra y liquidación de las empresas adjudicatarias. Antonio Silván no cerró la puerta a esa posibilidad, pero recordó que los trabajos están en marcha a cargo de la empresa pública Tragsa y que dependerá de la misma esa posible contratación de antiguos trabajadores de la zona. Oído lo cual, la alcaldesa y demás invitados llegados de Laciana emprendieron viaje de regreso con la misma incertidumbre que tenían antes de desplazarse a Valladolid.

Por lo demás, el toma y daca entre la Junta y la oposición discurrió en un tono bastante sosegado, lo que no fue óbice para que los socialistas pidieran la dimisión del consejero de Sanidad, Antonio Sáez , acusado de haber mentido sobre el sobrecoste del Hospital de Burgos. La procuradora Fernanda Blanco elevó a 2.000 millones de euros el importe final del contrato del hospital burgalés. «Casi la mitad -dijo- de las obras del canal de Panamá». Casi nada.

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