La Junta incluirá el desarrollo rural en la batalla de la financiación

La Junta de Castilla y León introduce otra variable en la próxima negociación de la financiación autonómica con la exigencia de que se revise la cofinanciación de los fondos de desarrollo rural impuesta por el Ministerio de Arias-Cañete. La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, anunció ayer que la titular de Hacienda, Pilar del Olmo, pedirá que se modifique la cofinanciación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El anuncio de Clemente se produjo durante una interpelación en materia de desarrollo rural presentada por el socialista Juan Luis Cepa, que apoyó la reivindicación de la Junta para modificar el 30% marcado por el Ministerio de Agricultura para la cofinanciación del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020.

«No nos satisface», aseguró Clemente, sobre el porcentaje de cofinanciación para el nuevo marco de desarrollo rural, después de afirmar que sí está conforme con las ayudas de la PAC para el próximo periodo, pero insistió en que no con el PDR. La consejera explicó que ha pedido una reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial para revisar esa aportación.

«Se hizo sin debate ni discusión», añadió sobre la medida adoptada por el ministro Miguel Arias-Cañete. Por ello, anunció que la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, llevará a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica la revisión del 30% de cofinanciación y la petición de más asignación para el programa de desarrollo rural.

Después de un cruce sobre a quién se benefició más en el anterior marco, Clemente y Cepa coincidieron en que una aportación del 30% por parte del Ministerio es insuficiente. El socialista afirmó que Castilla y León recibirá menos fondos que en el programa que acaba de concluir y se refirió a los 120 millones más aportados por el Feader y a los 217 que recortará la Administración estatal y supondrá que la Junta tenga que aportar 103 millones más de fondos propios.

La consejera no quiso cerrar la financiación que llegará del Programa de Desarrollo Rural. «Queda mucho por hacer y vamos a exigir que el Ministerio modifique el 30%», añadió. Clemente también señaló que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, «se equivoca» y subrayó que la política de igualdad «exige que el Gobierno se implique en el desarrollo rural».

Por su parte, Cepa expresó la preocupación por el retraso en los pagos a agricultores, ganaderos y a los grupos de acción local, y Clemente manifestó que le gustaría adelantar el dinero, pero que no es posible y están en plazo. «Existe un alto nivel de compromiso», aseveró la consejera, que apuntó al adelanto de 15 millones de los fondos que corresponde aportar al Ministerio, que, según la Junta, adeuda 36 millones.

«Llámelo como quiera, conflicto, falta de acuerdo, pero voy a exigir lo que corresponde a Castilla y León», afirmó la consejera en la interpelación del procurador socialista, en la que subrayó que pretende cerrar el programa con la aplicación de la totalidad de los fondos.

En el transcurso del pleno, Clemente se refirió también a la situación de la empresa quesera de Herrera de Pisuerga (Palencia) Granja la Luz, que se encuentra en este momento sumida en un ERE de suspensión y a expensas de ser adquirida por otra compañía para garantizar su supervivencia. La consejera se mostró partidaria de la venta «de la unidad productiva completa». El socialista Julio López defendió que la empresa es «viable económicamente», y achacó la situación a «una mala gestión».