Medio Natural declara que puso «obstáculos» a la ‘Ciudad del Golf’

Ni complot, ni connivencia con el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués (Ávila), ni acción concertada para dar luz verde por la vía rápida a la ‘Ciudad del Golf’, finalmente tumbada por los tribunales.

El director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León en 2002, Mariano Torre, aseguró ayer ante la juez que su departamento no solo no alfombró el proyecto urbanístico, sino que «puso obstáculos» al mismo al impulsar figuras de protección de la fauna en ese espacio, concretamente el área crítica del hábitat de la cigüeña negra y la Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa) de este paraje abulense.

Torre se sentó en el banquillo del Juzgado de lo Penal 2 de Valladolid junto con otros cuatro altos cargos y técnicos de la Consejería de Medio Ambiente en aquella época, imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa. La tesis del fiscal y de la acusación es que Torre y los otros cuatro imputados «bien de forma concertada o por sometimiento a los dictados del superior de todos ellos, de forma deliberada y con conocimiento de lo que hacían, sustituyeron el informe favorable a la Declaración de Impacto Ambiental que debieron emitir a fin de hacer factible la construcción pretendida».

Los imputados, además de Torre —que hasta fechas recientes fue jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León— son el actual director general de Medio Natural de la Junta; el actual jefe de Servicio de Espacios Naturales de la Junta, José Ignacio Molina García; el entonces jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Juan Manuel Pardo Ontoria, y el jefe de la Sección de Espacios Naturales de este último Servicio, Sabas Yagüe Bosch.

Todos los acusados, que se enfrentan a ocho años de inhabilitación cada uno, coincidieron en defender la legalidad de sus informes y en que en ningún momento hubo órdenes, presiones o amenazas para aprobar la declaración de impacto ambiental para la Ciudad del Golf, donde se modificó la calificación de un terreno de 11,6 hectáreas a mayores de la superficie que ya disponían los promotores, para construir 1.600 viviendas, dos campos de golf y una zona hotelera.

Este proyecto urbanístico estaba pensado para desplegarse en 215 hectáreas hasta que los colectivos Centaurea y Ecologistas en Acción lo denunciaron y lo dejaron sin efecto, además de llevar al banquillo a la cúpula de Medio Ambiente en la época, a excepción de la consejera (hoy senadora) María Jesús Ruiz, que quedó eximida de toda responsabilidad por el TSJ.

Los imputados no se conformaron ayer con decir que se ajustaron a la legalidad. Mariano Torre ironizó con la teoría del complot al asegurar que no participó en el proceso de recalificación de los terrenos, y afirmar que difícilmente se puede mantener la teoría de la connivencia cuando él mismo fue el responsable de los dos «obstáculos» que ha tenido el proyecto urbanístico: la Zepa ‘Encinares de los ríos Alberche y Cofio’ y el área crítica para la nidificación y alimentación de la cigüeña negra. Y dio fechas: la sociedad pública ‘Monte de las Navas’ –integrada por Ayuntamiento, Junta y Diputación– se constituyó en abril de 2002 y el área crítica se activó en noviembre de ese año, siete meses más tarde.

Al respecto, José Ángel Arranz aclaró que el terreno de 11,6 hectáreas que gozaba de protección como área crítica dejó de serlo cuando el Ayuntamiento lo calificó como suelo urbanizable. En esta situación, añadió, presentó un informe con una evaluación medioambiental, aún no siendo obligatorio, porque era «lo más garantista» para el ecosistema de las aves. Cuando la juez le preguntó por qué lo hizo, respondió: «Nos pudo la pasión por la conservación».