La Junta asumirá las sugerencias del Procurador del Común sobre ‘fracking’
. Valorará la modificación de la Ley de Espacios Naturales con la evaluación del impacto ambiental.
La Junta asumirá las sugerencias del Procurador del Común en materia de ‘fracking’ o fractura hidráulica desde el punto de vista medioambiental y valorará la modificación de la Ley de Espacios Naturales vigente en el sentido de vincular la prohibición de las actividades extractivas o de investigación en esas zonas a lo que se determine en los planes de ordenación de los recursos naturales, como ha hecho el País Vasco.
Fuentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente aseguran que han hecho suyas estas recomendaciones y así se lo hará llegar la Junta en los próximos días al defensor de los ciudadanos castellanos y leoneses. Sin embargo, aclararon que no difieren de la línea de la Consejería, que ha sido «siempre la de aceptarlas desde el punto de vista medioambiental». «Es la línea que se sigue en la Consejería para plenas garantías medioambientales», confirmaron.
El Procurador del Común instó a la Junta de Castilla y León a tomar e implementar medidas y regular, al no existir ninguna norma jurídica en la Comunidad autónoma, sobre la exploración y extracción de hidrocarburos mediante el sistema de fracturación hidráulica, con el objetivo de «tranquilizar y acallar posibles miedos» planteados por ciudadanos e instituciones contrarios a estos proyectos. En estos momentos, existen cinco permisos otorgados, pero con una situación administrativa diferente, según figura en una respuesta remitida a una pregunta escrita en las Cortes regionales. Otros cuatro se encontrarían en tramitación en los servicios territoriales correspondientes.
En total, son ocho las recomendaciones del Procurador del Común a las consejerías competentes, las de Fomento y Medio Ambiente y Economía y Empleo. En síntesis, pide que en procedimientos de evaluación de impacto ambiental, cuya tramitación corresponde a la Administración del Estado, Fomento y Medio Ambiente, «se adopte un papel primordial» en la defensa de los valores de los espacios naturales protegidos de la Comunidad, imponiendo las condiciones para preservar dichos parajes.
La Consejería que dirige Antonio Silván recuerda que en Castilla y León «siempre se ha hecho» la evaluación de impacto ambiental, aunque no lo exigía ninguna ley.