CSI-F requiere a la Junta que pague la extra para ahorrar 15 millones
El presidente regional de CSI-F de Castilla y León, Carlos Hernando, requirió ayer a la Junta de Castilla y León que abone, en dos plazos y en el transcurso del año, las retribuciones correspondientes a la paga extra de 2012, una cuestión que ahorraría 15 millones de euros a las arcas públicas y que evitaría abonar luego intereses.
Al respecto, Hernando exigió la devolución de los sueldos en 2014, porque de lo contrario el sindicato que representa se vería obligado a acudir a los tribunales de Justicia para registrar 14.000 demandas, lo que supondrá un gasto extra para las arcas regionales de 15 millones de euros. Asimismo, adelantó que CSI-F no descarta solicitar al Gobierno central que devuelva en su integridad la paga extra que suprimió en 2012.
El recién nombrado responsable de CSI-F en la región recordó a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, que el Tribunal Superior de Justicia reconoció que se debía de producir la citada devolución a los empleados públicos, y le instó a hacerlo «cuanto antes» y no tal y como tiene planteado de abonar sólo 15 de los 50 millones de euros que costaría la paga extra del conjunto de los trabajadores. En ese sentido, subrayó que el requerimiento no «es un regalo», ya que, continuó, «es algo que ha devengado ya hasta intereses. A los empleados públicos nos la han quitado toda a la vez».
Hernando, que visitó ayer la sede del sindicato en Soria, se refirió también a la reforma local, de la cual, afirmó, representa «un ataque directo a las administraciones en municipios con poca población». «Favorece a las comunidades más pobladas y con menos territorios. Lo que quiere esta ley es privatizar y adelgazar la administración», criticó.
A su juicio, lo que tiene que hacer el Gobierno de España es un mapa de la Administración que hace falta, como apuntó el exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. «Hay que hacer un plan de viabilidad para la Administración, no meter una ley que lo que quiere es marcar el sueldo a los alcaldes y reducir las mancomunidad y despedir por las buenas a los empleados públicos laborales», precisó.