La Comunidad pierde el 10% de peso

La Junta de Castilla y León denuncia que la Comunidad Autónoma ha pérdido un 10% de peso sobre el total de los recursos a las autonomías en el modelo de financiación vigente desde 2009, con el que no se cubren los servicios esenciales que se prestan a los ciudadanos, unido a que «olvida» el 20% de competencias que se ejercen con el traspaso de 112 decretos desde el año 1983.

El Ejecutivo de Juan Vicente Herrera rebate «con datos objetivos» en el documento remitido al Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, que Castilla y León sea una comunidad sobrefinanciada con el sistema actual y exige como «irrenunciable» que las variables no poblaciones, como la dispersión, baja densidad de población, el envejecimiento y la extensión tengan más peso en el cálculo del nuevo modelo.

El documento se presentó en la reunión semanal del Consejo de Gobierno y fue desgranado por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en la rueda de prensa posterior a la sesión del Gabinete, dedicado de forma monográfica a la financiación autonómica. «Es un modelo injusto, insuficiente, poco o nada transparente, que no garantiza el acceso a los servicios en condiciones de igualdad», subrayó la consejera.

Según las conclusiones del documento de 70 páginas, el sistema de financiación refleja no sólo que los fondos recibidos son insuficientes para prestar en igualdad los servicios básicos —sanidad, educación y servicios sociales—, sino que deja sin soporte un 20% de competencias que ejerce la Comunidad, como el mantenimiento y conservación de carreteras, la prevención y extinción de incendios, la conservación del patrimonio histórico y artístico o gastos en agricultura y ganadería.

Castilla y León no es una comunidad autónoma sobrefinanciada, ya que su peso en el modelo de 2002-2008 era del 7,29% y en el actual del 6,55, lo que supone una pérdida relativa del 10% en este periodo, explicó Del Olmo, que no ofreció datos absolutos por entender que «no sería un cálculo adecuado» por la crisis económica y la caída de la recaudación tributaria. «Hemos preferido hacer la comparativa con tanto por ciento de lo que se reparte, si ha bajado una parte por la crisis, pues ese efecto se descuenta haciéndolo en porcentaje», señaló.

Sin cubrir lo básico

El 80% del gasto no financiero de las consejerías va a Sanidad, Educación y Servicios Sociales y no se cubre con los fondos que llegan del modelo de financiación autonómica, ya que sólo en 2014 se ha producido un déficit de 400 millones, recoge el informe, en línea con la denuncia de los últimos años del presidente de la Junta, de la consejera de Hacienda y de otros miembros del Gabinete. A esa denuncia, el Ejecutivo añade ahora otra nueva, el 20% restante, que son competencias importantes, se olvida en el sistema vigente, y quiere que se atienda en el nuevo.

Del Olmo puso como ejemplo que una persona mayor de 75 años gasta cinco veces más en sanidad que una de 40 años y subrayó que Castilla y León ahorraría 425 millones de gasto sanitario si tuviera una piramide poblacional conforme a la media estatal. De la misma manera, se refirió al impacto de la dispersión, porque, aunque la ratio de médicos es superior a la media (932 por cada millón sobre 607 en España), los ciudadanos tienen que recorrer una mayor distancia para acudir a su centro de salud.

Respecto de la educación, el documento critica que el modelo actual no tenga en cuenta el número real de alumnos (5,4% del total), sino que compute entre 0-16 años (4,7%), de manera que deja fuera los que cursan estudios en institutos y universidad, que paga la Junta. En cuanto a los servicios sociales, censura que el modelo no incluya ninguna aportación estatal para garantizar la correcta aplicación de la ley de la Dependencia.

«Es imprescindible ponderar más los factores no poblacionales», resumió la consejera de Hacienda.