«Los municipios no pierden competencias», aclara la Junta
La administración autonómica aprueba. un decreto para interpretar la ley nacional.
El consejero de la Presidencia y portavoz, ayer, en la rueda de prensa tras el Consejo.
La Junta de Castilla y León elevó ayer a rango de decreto ley un conjunto de medidas para evitar disfuncionalidades y vacíos competenciales en los ayuntamientos a raíz de la reforma local estatal, desde la premisa de que «los municipios no pierden competencias» y la continuidad de los servicios públicos está garantizada.
No se trata «de ninguna alternativa» a un recurso de inconstitucionalidad ya que el decreto ley, que ayer aprobó el Consejo de Gobierno y que antes de un mes deben convalidar las Cortes de Castilla y León, nace de una «lectura constitucional, estatutaria y municipalista» de la reforma local nacional, según dijo en rueda de prensa, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, informa Efe.
Con esa ley nacional, que ha atendido en «un 90 por ciento» los planteamientos formulados por Castilla y León, «los municipios no pierden competencias» y mantienen el grueso de las que tienen en la actualidad, tanto las propias como las delegadas, y en el caso de las complementarias para su desarrollo dos informes de la Junta que acrediten que no hay duplicidades y de que no suponen un riesgo para la sostenibilidad financiera.
El portavoz de la Junta argumentó que el bloque de competencias propias se compone de los mínimos -que no máximos- competenciales recogidos en la reforma local nacional, a las que hay que añadir las que atribuyen o hayan atribuido leyes sectoriales estatales y autonómicas.
El decreto-ley, que se publicará el lunes en el Boletín Oficial de la Comunidad y que se completará el miércoles con una «circular explicativa, aclaratoria y homogeneizadora» sobre esas competencias y los plazos para pedir informes, ya lo conoce la Federación Regional de Municipios y Provincias.
El consejero de la Presidencia sostuvo que «ha habido mucha farfolla, mucho ruido», con la reforma local nacional, con la que la Junta fue «muy crítica en la fase de anteproyecto», pero que «no es cierto», como se argumenta en los recursos de inconstitucionalidad que han presentado ayuntamientos, algunas autonomías y algunos parlamentos, que «deje sin competencias a los ayuntamientos».
Las competencias atribuidas por leyes autonómicas o estatales a las entidades locales antes de la reforma nacional «no han perdido vigencia» y su ejercicio sigue sometido a esas normas de atribución; en las llamadas impropias, requieren de los citados informes de la Junta.