Los profesores gozarán de «presunción de veracidad»
Los procuradores Francisco Ramos y José María González, durante un pleno.
La autoridad de los más de 35.000 profesores de Castilla y León quedó ayer plasmada en una ley autonómica, promovida por la Consejería de Educación y refrendada en las Cortes, pero que la mayor parte de la oposición (PSOE e IU) rechazó por considerarla «innecesaria».
El consejero de Educación, Juan José Mateos, destacó que la entrada en vigor de esta norma autonómica tendrá como efectos prácticos y jurídicos que la versión del profesor en conflictos surgidos en el ámbito educativo gozará de «presunción de veracidad» y que la Fiscalía podrá perseguir de oficio los delitos cometidos contra los profesores.
El Grupo Popular rechazó ayer la posibilidad de blindar el contenido de los libros de texto actualmente en uso durante al menos los próximos cuatro años, como plantea la oposición socialista. El procurador popular Juan Martínez Majo afirmó que ya se han tomado medidas.