El Gobierno rechaza el primer plan interautonómico contra la despoblación

Las organizaciones patronales de Soria, Cuenca y Teruel mostraron ayer su malestar por no recogerse ninguna de las observaciones realizadas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el acuerdo de asociación definitivo que España ha remitido a la Comisión Europea, informa Efe.

Las tres patronales confirmaron en un comunicado que esta falta de receptividad a sus propuestas no les desanimará para seguir realizando una labor de presión y conseguir que la Unión Europea conceda fondos directamente a estas tres provincias en el periodo 2020-2026, en atención a su baja densidad de población. En este sentido apuntaron que están dispuestas a exponer la gravedad de la crítica situación que padecen las provincias de Soria, Teruel y Cuenca ante los principales responsables de la Unión Europea. Con una superficie total de 42.257 kilómetros cuadrados -superior a Extremadura, la quinta mayor Comunidad Autónoma por extensión-, y con una población de 456.286 habitantes, según datos de 2012 del Instituto Nacional de Estadística, la densidad de población de estas tres provincias se sitúa en los 10,79 habitantes/kilómetro cuadrado, una de las más bajas de Europa.

Este hecho, unido a la continua e histórica emigración y al rápido envejecimiento poblacional que están sufriendo, hace que el futuro de estas provincias, según las patronales, se encuentre en un punto de inflexión crítico sino se acometen con urgencia políticas activas de inversión que las doten de un mínimo número de servicios, para asentar población y garantizar su sostenibilidad demográfica.

Foes, Ceoe-Cuenca y Ceoe Teruel presentaron alegaciones al Acuerdo de Asociación de España –Unión Europea 2014-2020, dentro del trámite de exposición pública. El Acuerdo de Asociación España-UE, ha sido elaborado por el Gobierno español e incluye compromisos para conseguir los objetivos de la UE a través de la programación de los fondos. Además, incluye las consignaciones económicas para dicho periodo, que en el caso de España ascienden a más de 36.000 millones de euros.

Con las alegaciones, según explicaron cuando presentaron su proyecto, las tres organizaciones empresariales pretendían conseguir objetivos como poner de manifiesto que los indicadores económicos utilizados hasta el momento para determinar las zonas beneficiarias de los fondos estructurales, resultan insuficientes para reflejar la complejidad de los fenómenos de subdesarrollo en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, y pedían cambios sustanciales.