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La legislación estatal establece que las comunidades autónomas deben determinar qué órgano independiente velará por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y la Junta ha optado por encargar esa función al Procurador del Común, sin crear un nuevo organismo o suscribir un convenio con el Comisionado estatal para que lo realice este o, como recoge la ley.

De esa manera, el Procurador del Común de Castilla y León tendrá las funciones de Comisionado de Transparencia y velará por el cumplimiento de la ley por parte de la Administración Autonómica y de las entidades locales, informa Ical.

Así, el defensor de los ciudadanos velará por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y salvaguarda del ejercicio del derecho de acceso a la información pública y resolverá los recursos ante las resoluciones que denieguen el acceso a la información.

El Comisionado y la Comisión de Transparencia dispondrán de la autonomía, independencia y objetividad que otorga al Procurador del Común su ley reguladora y ejercerán las funciones que le atribuye la ley. Anualmente, presentará una memoria anual ante la Comisión de las Cortes de Castilla y León.

El consejero de la Presidencia recordó ayer que la transparencia es un compromiso de investidura del presidente de la Junta, que se inició con la creación del Gobierno Abierto y que se amplía ahora al dar rango de ley a la información, participación, así como a la obligación de dar publicidad a los bienes y patrimonio de los altos cargos, una vez que el texto normativo esté aprobado.

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De Santiago-Juárez explicó que el camino para la redacción de esta ley se inició en mayo de 2013 con una reunión de profesores, expertos, grupos de las Cortes y representantes de otras comunidades.