Los cien altos cargos de la Junta harán público su patrimonio al llegar y al irse

Los altos cargos de la Junta de Castilla y León estarán obligados a presentar una declaración de bienes cuando accedan al puesto y otra cuando lo dejen, además de publicar anualmente su declaración de la renta, como medida de transparencia ante la sociedad. Así figura en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información Pública y Participación Ciudadana en los Asuntos Públicos de la Comunidad que ayer analizó el Consejo de Gobierno de Castilla y León.

El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión de consejeros que se trata de una normativa que amplía algunos preceptos incluidos en las leyes básicas de ámbito nacional sobre la materia, con lo que esta Administración autonómica pretende mostrar su compromiso con la transparencia y el acceso a la información pública. «Sería bueno para todos los ámbitos», contestó De Santiago-Juárez al ser preguntado si estos principios deberían extenderse a otras administraciones e instituciones de la Comunidad y del Estado.

Uno de los puntos que más destacó el portavoz fue la posibilidad de que los ciudadanos accedan a los bienes que tengan los cerca de cien altos cargos de la Junta cuando se incorporen al puesto y cuando lo dejen, ya que esta información será publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León. Además de la publicación de la declaración de la renta cada año, el anteproyecto de ley prevé también que el sector público de la Comunidad esté obligado a facilitar información que hasta ahora no se difundía con carácter general, entre la que figuran todos los procesos de contratación de personal, las resoluciones judiciales que afecten a la Junta, el gasto en publicidad institucional, el endeudamiento, datos sobre el patrimonio inmobiliario de la Comunidad y vehículos oficiales, entre otros datos.

Como desarrollo del ya implantado Modelo de Gobierno Abierto, mediante el cual los ciudadanos pueden participar y dar su opinión en la tramitación y elaboración de normativa, la Junta pretende que este reconocimiento por ley del derecho al acceso a la información sirva para fomentar su participación, informa Efe.