Trabajo recauda 9,8 millones de euros al detectar 5.600 empleos sumergidos

La presión de la Inspección de Trabajo contra la economía sumergida en Castilla y León ha dado sus frutos al denunciar a 5.616 personas con empleos irregulares el año pasado, lo que permitió recaudar 9,8 millones de euros. Los esfuerzos de los técnicos en el área de Seguridad Social se tradujeron en 27.916 órdenes de servicio, con un resultado de 3.404 infracciones sancionables.

Son datos ligeramente superiores a los registrados en 2012 puesto que en ese ejercicio hubo 26.495 órdenes, con 9,1 millones de euros en sanciones. La mayor diferencia está en el número de trabajadores afectados por las infracciones. Pese a que en 2012 hubo un número similar de infracciones (3.566 en 2012 y 3.404 en 2013), los inspectores de Trabajo en Castilla y León denunciaron el año pasado a menos personas (7.011 en 2012 frente a los 5.616 en 2013).

Es decir, significa un descenso del 19,8%. En cambio, a nivel nacional, el número de infractores apenas varió en esos dos años, al rondar los 105.000, pero el importe de las sanciones propuestas por la Inspección de Trabajo aumentó un 20,9% hasta los 201,3 millones de euros.

Las materias investigadas en este apartado van desde el control del aseguramiento obligatorio de los trabajadores, por cuenta ajena y propia o autónomos, hasta la falta de cotización, pasando por los fraudes en prestaciones de la Seguridad Social. No en vano, la recesión ha traído consigo cada vez más casos de personas que reciben prestaciones públicas (por desempleo o pensión) que son incompatibles con trabajar.