Hoy no es ayer

Pisando ya la inquietante luz de agosto, el trajín de los políticos solapa los problemas de la gente, que se arrugan y posponen otra vez sin encontrar arreglo, esperando a septiembre. Con este panorama, seguir celebrando comisiones y plenos en el parlamento estival apenas supone un ejercicio retórico, que engorda la mochila de dietas y suplidos a cambio de avances irrelevantes. Mejor cerrar la puerta y apagar el aire acondicionado, mientras los operarios de la contrata van haciendo el traslado al ostentoso edificio vecino de la Agencia Tributaria en Valladolid. Será la sensación septembrina, anticipo de otro estreno inmediato para la Seguridad Social en la calle Boston de la fallida Ciudad de la Comunicación. Casi cincuenta millones en inmuebles oficiales, que se suman a los más de doscientos del segundo collar de la ronda, mientras León sigue con la primera ronda de semáforos inacabada y con la atención al público dispersa o en desbandada. No hay más que mirar el agujero del solar aledaño a la tradicional Casa del Coño, en la confluencia de Papalaguinda con Guzmán. Así que, como mucho, vamos de primos.

Esta semana nos ha traído la cantada sin cifras de Pujol, la apertura al fin de una investigación por estafa a los directivos de Caja España-Duero, y los primeros coletazos congresuales a los enredabailes del socialismo mesetario. Todos van teniendo su sanmartín, cuadre poco o nada con la liturgia. En el otoño de 1986, agitó la actualidad política nacional la imputación simultánea de dos presidentes autonómicos, entonces a punto de procesamiento. El catalán, Jordi Pujol, acusado por los fiscales de la quiebra fraudulenta de Banca Catalana, una entidad donde había ejercido como consejero ejecutivo. La demanda enumeraba un amplio repertorio de actividades delictivas, que iban desde la creación de una caja b o de sociedades instrumentales a la circulación de créditos ficticios. En suma, una profusa panoplia fraudulenta orientada en su conjunto a vaciar de fondos la entidad bancaria. Al final, todo aquel embrollo financiero quedó impune, requiriendo el vertido de 19.679 millones del Banco de España al pozo, y vuelta a coger pista. Ninguno de los administradores y accionistas mayoritarios, causantes de la catástrofe, contribuyó con un céntimo a tapar el agujero. El ministro de Justicia era entonces Fernando Ledesma, diputado socialista por Valladolid.

Demetrio Madrid, presidente de Castilla y León, alcanzó aquel otoño encausado por la venta de un pequeño taller textil a su encargado. Durante los dos primeros años de gobierno había pagado los sueldos de la plantilla de Pekus, a pesar de su inactividad, «comprometiendo el pequeño patrimonio familiar e incluso los ingresos por su cargo público», según la sentencia absolutoria de tres años más tarde. A la demanda incentivada de las trabajadoras, se sumó el despechado malestar de una facción significativa e institucional de sus compañeros socialistas, que dedicaron ese par de años a poner trabas y enlodar con infundios su labor de gobierno. El presidente de la Audiencia que ordenó el procesamiento recibió un ascenso inmediato al Supremo. Demetrio Madrid dimitió el 29 de octubre de 1986, el mismo día en que conoció que iba a ser juzgado por delito laboral. Casi tres décadas después, la deriva de cada cual arroja un balance bien diferente. También sus patrimonios y reputación.